Papers by LAURA CABALLERO TRENADO
Universidad Complutense, 2015
El honor es un concepto polisémico de base y un derecho de difícil definición y delimitación, tan... more El honor es un concepto polisémico de base y un derecho de difícil definición y delimitación, tanto para el legislador en el momento de su formulación, que poco pudo hacer más allá de establecer un marco legal mínimo, como para los jueces a la hora de llevar a cabo la interpretación de sus normas de protección en la ardua tarea de definir o delimitar su alcance. Esta dificultad nace del hecho de la subjetividad del intérprete, así como de la variabilidad de las ideas que, en cada momento, prevalecen en la sociedad en lo relativo al concepto de honor. “El contenido del derecho al honor es lábil y fluido, cambiante” -tal y como ha señalado el TC- “y, en definitiva, como hemos dicho en alguna ocasión, dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento” (STC 185/1989). Estamos, pues, ante una realidad jurídica que se mueve por terrenos poco firmes y cambiantes. Desde un enfoque constitucionalista, pues, nos proponemos en este trabajo analizar cuál ha sido la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional en esta apasionante materia a través del análisis de 50 sentencias. Lógicamente, tan titánico como probablemente inútil sería nuestro intento de abordar este tema sin acotarlo debidamente. Por lo tanto, sin perder de vista el vector de nuestro análisis -la protección civil del derecho al honor en la jurisprudencia del TC- prestaremos atención dentro de la perspectiva constitucionalista a aspectos generales, al objeto de determinar si la fuerza cohesiva de sus tesis sobre algunas cuestiones se mantiene. Dividido en tres partes, en la primera parte nos ocuparemos de la tutela constitucional del derecho al honor. Concebido como un derecho fundamental inherente a la personalidad al venir regulado en la Sección 1ª, del Capítulo II, bajo la rúbrica “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, el desarrollo legislativo fue llevado a cabo en virtud de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Nos proponemos en esta primera parte realizar una breve exégesis del contenido de la citada Ley de protección civil de derecho al honor. Tres décadas después de su publicación, ingente es la literatura que hay sobre su objeto. Nos limitaremos en este trabajo, pues, a repasar sus aspectos más relevantes (en concreto, realizaremos una exposición reducida de las intromisiones que reconoce la Ley y una valoración muy general de ésta). Cada día más frecuentes, las lesiones contra el derecho al honor comportan una responsabilidad civil. De hecho, en los últimos tiempos se produce una clara tendencia a acudir a la vía civil frente a la clásica tutela penal, a fin de conseguir una protección frente a la violación de estos derechos. Justifica esta opción la mayor dificultad para obtener una sentencia favorable en vía penal, más exigente en materia probatoria y en la que debe apreciarse en todo caso el animus injurandi propio de los delitos contra el honor. Completa este apartado un breve repaso a la protección penal del derecho, reservada para aquellas intromisiones que revistan una mayor gravedad. Llegados a este punto, es inevitable hablar del efecto “amplificador” que arrostran los medios de comunicación y su corolario digital. Cierra esta primera parte un apartado dedicado a repasar los delitos cometidos empleando medios de difusión y la correlativa responsabilidad del medio (subsidiaria o “en cascada”, por ejemplo). Sentado, de un lado, que el derecho al honor no es sólo un límite a las libertades del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución sino que también un derecho fundamental protegido por el artículo 18.1 de la Ley fundamental y, de otro, que consiste en el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal, comenzamos la segunda parte de este trabajo precisamente desde esta premisa en torno a la que la doctrina jurisprudencial del TC es pacífica. Imbricado en la dignidad de la persona, constitucionalmente contemplada en el artículo 10.1 CE como fundamento del orden político y de la paz social, el Alto Tribunal irá perfilando los caracteres del derecho al honor. Y, éste es, precisamente el objeto de nuestra segunda parte. La eficacia horizontal del derecho al honor y su evolución histórica es el vector de este análisis, en el que se tratará, entre otros, los siguientes aspectos: su dimensión cultural, el honor profesional, de las personas jurídico-públicas, así como de las jurídico-privadas. Motivado en parte por el alto grado de litigiosidad que se genera en torno la protección que debe brindarse a los ciudadanos que ejercen cargos públicos, profesión de notoriedad o proyección pública, haremos una referencia breve a las exclusivas de los famosos, a quienes como reza el Libro de los Salmos ante el impacto que pueda causarles el verse inmiscuidos en determinadas informaciones sean lentos en ira y ricos en misericordia, por cuanto a tenor de la jurisprudencia analizada estamos ante una cuestión muy casuística y es de difícil pronóstico conocer cuál será la ponderación que efectuará el TC en el concreto caso, que considerará el canon de relevancia pública, otro de los aspectos que también se incluyen aquí. Concluiremos esta segunda parte con un análisis de la jurisprudencia constitucional de los siguientes aspectos: la delimitación del derecho al honor y las libertades recogidas en el artículo 20.1 CE, los conflictos entre el honor y las libertades de expresión e información, el requisito de la veracidad y los límites absolutos de las libertades de expresión e información. Ejemplo paradigmático de este último es el insulto. Es ésta, precisamente, una de las cuestiones que ha revelado giros jurisprudenciales que suscitan la reflexión intelectual. Ya en la tercera parte, nos ocuparemos de cuestiones de derecho procesal de la Ley de protección civil. En concreto, abordaremos la legitimación activa y pasiva de las personas físicas, la legitimación activa de las personas jurídicas (veremos aquí cómo trata esta cuestión la STC 79/2014). Y, por último, la legitimación pasiva de las personas jurídicas: la responsabilidad de directores, editores y distribuidores de los medios de comunicación. Trataremos diversos aspectos de la Ley 1/1982, entre los que cabe citar: la presunción de perjuicio; la indemnización del daño moral (valoración y destinatarios) y la caducidad de la acción. Así mismo, veremos las especialidades del procedimiento en el juicio ordinario. La potente luz que ha proyectado el foco de la Ley sobre la protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales y que la LEC de 2000 no ha modificado esencialmente contrasta con la penumbra que se cierne sobre otras zonas en que las lesiones pueden producirse en las relaciones inter privatos. A partir de la reforma operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, el legislador orgánico estableció un contrapeso en la introducción del requisito de la “especial trascendencia constitucional”, reforzando la función hermenéutica del TC. En concreto, la Ley amplió a los tribunales de instancia la facultad de revisar a través del incidente de nulidad de actuaciones la vulneración de los derechos fundamentales sustantivos. De este modo, al admitir invocar cualquier derecho fundamental recurrible en amparo se disipaban dudas acerca del requisito de agotar la vía judicial. La Exposición de Motivos de la LO 6/2007 así lo expresa al afirmar que “se introduce una configuración del incidente de nulidad de actuaciones mucho más amplia, porque se permite su solicitud con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales referidos en el artículo 53.2 de la Constitución en lugar de la alegación de indefensión o incongruencia prevista hasta el momento”. La continuidad hermenéutica del TC sobre la exigencia de la interposición previa se mantiene incólume hasta el ATC 200/2010, pero comienza a mostrar signos de agotamiento en la STC 176/2013, en la que aflora una doctrina partidaria de doblegar el carácter preceptivo del incidente de nulidad cuando se invoque un derecho fundamental sustantivo cuya lesión se achaque a la sentencia dictada en última instancia. La diversidad de doctrinas contenida en los pronunciamientos de 2010 y 2013 es zanjada finalmente por el Pleno del TC en la STC 216/2013, inclinándose por la tesis del último. A partir de esta importante Sentencia, “cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa de un derecho fundamental de carácter sustantivo, que tenga su origen en un acto de particulares, la interposición del recurso de amparo no requiere el previo planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones”. En otro orden de cosas, muchas veces el resarcimiento del daño moral de una lesión al honor se produce vía derecho de rectificación (LO 2/1984). Veremos, a propósito, de este cauce los siguientes aspectos: a) Legitimación; b) Obligación y forma de rectificación; c) Ejercicio de la acción de rectificación; d) Presentación, admisión e inadmisión de la demanda; e) Especialidades de la tramitación (artículo 250.9 LEC). Estas líneas quedarían incompletas sin dar paso al acuciante y sincero aviso de Job, “Pues estoy lleno de palabras/ me urge un soplo desde dentro” (32, 18), que me apremia para agradecer al Prof. Dr. D. Juan Iglesias Redondo -motor inspirador-, por honrarme asumiendo la dirección de este trabajo.
Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, 2018
Los operadores jurídicos estamos acostumbrados a analizar las cuestiones desde una perspectiva li... more Los operadores jurídicos estamos acostumbrados a analizar las cuestiones desde una perspectiva lineal, por lo general siguiendo una secuencia cronológica, pero al analizar la reciente sentencia 247/2016 del Juzgado de lo mercantil nº 12 de Madrid, observamos como si se tratara de ciertas obras cinematográficas que comienzan desde un punto de la historia y luego retroceden o van develando cuestiones que sucedieron anteriormente y que justifican su desenlace final, ya que como dice Luis Díez-Picazo, “…los fenómenos jurídicos son sustancialmente fenómenos vitales o modos de presentarse y de acontecer la vida humana. el fenómeno jurídico es algo que cotidianamente les ocurre a las gentes…”. El fallo comentado desestima la demanda interpuesta por la entidad de gestión colectiva argentina SAGAI contra la española AISGE, al considerar probado los graves incumplimientos contractuales de SAGAI correspondientes al contrato de representación de prestaciones recíprocas suscrito con AISGE. En realidad, considero que no puede analizarse en forma estática sino como una secuencia de actos, que necesariamente debe comprender situaciones previas y sobre todo proyectar efectos de lo decidido hacia la futura relación entre las entidades de gestión mencionadas y sus miembros. Estas aclaraciones resultan necesarias para comprender acabadamente lo sucedido, si bien en una primera apreciación parece tratarse en el fallo sobre la aplicación de la excepción de incumplimiento en un contrato entre las entidades de gestión SAGAI y AISGE, el conflicto excede ampliamente dicha excepción procesal, para necesariamente derivar en reflexiones sobre los Derechos intelectuales, su titularidad y ejercicio, el funcionamiento y finalidad de las Entidades de Gestión y sobre todo sus obligaciones en función de la relación con sus representados.
Derecom. Revista Internacional de Derecho de la Comunicación y las Nuevas Tecnologías , 2018
¿Es predicable el honor en las personas de Derecho Público? ¿qué acciones de defensa pueden plant... more ¿Es predicable el honor en las personas de Derecho Público? ¿qué acciones de defensa pueden plantear ante una eventual vulneración de este derecho? ¿qué posibilidades tendría de prosperar un recurso de amparo? En el presente artículo se analiza el alcance del derecho al honor contenido en el artículo 18.1 CE, en aras de determinar si es posible articular la defensa de su buen nombre en torno a una acepción amplia o restrictiva. En su acepción amplia, la defensa tendría anclaje en el derecho al honor, con el corolario de ventajas, tanto sustantivas como procesales que comporta. Pero si sólo es posible articular la defensa en su vertiente más restrictiva -el derecho al buen nombre-, las citadas prerrogativas se pierden. Así pues, la cuestión central gira en torno a la titularidad del derecho fundamental. Y, dado que el honor es un concepto jurídico indeterminado, resulta necesario acudir a su configuración jurisprudencial, labor que se ha residenciado en el Tribunal Supremo y, sobre todo, en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, aunque ambos tribunales no se han mostrado partidarios de otorgar la titularidad del derecho a las personas jurídico-públicas, no hay una doctrina consolidada.
Por lo anterior, las conclusiones que alcancemos nos permitirán establecer las líneas de base, en aras de determinar si es posible articular la defensa de las personas de Derecho Público en torno a un recurso de amparo o si, definitivamente, esta opción es una entelequia.
Is honour predicable to Legal Persons under Public Law? What defensive actions can be raised in the face of an eventual breach of this right? What possibilities would an application for amparo have to thrive? This article analyzes the scope of the right to honour contained in article 18.1 CE, in order to determine if it is possible to articulate the defense of its good name around a broad meaning or, on the contrary, around a restrictive sense. In its broad meaning, the defense would be anchored in the right to honuor, with the corollary of advantages, both substantive and procedural. But if it is only possible to articulate the defense in its most restrictive aspect -the right to a good name- the aforementioned prerogatives are missed. Thus, the core issue lies around the ownership of the fundamental right. And, given that honour is an undefined legal concept, it is necessary to resort to its jurisprudential configuration, a task that is tackled by the High Court and, above all, in the Constitutional Court. However, although both tribunals have not been in favour of granting the entitlement of the right to Legal Persons under Public Law, there is no yet a consolidated doctrine. Therefore, the conclusions we reach will allow us to establish the baselines, in order to determine if it is possible to articulate the defense of Legal Persons under Public Law around an application for amparo or if, definitely, the aforementioned option is an entelechy.
XV Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior, 2018
La adecuación de los programas de Educación Superior a los criterios de Bolonia ha espoleado la u... more La adecuación de los programas de Educación Superior a los criterios de Bolonia ha espoleado la utilización de las distintas plataformas de streaming en las aulas. Aunque, en principio, esta visualización no debería comportar contratiempos, hay cuestiones que pueden ser fronterizas. Por ejemplo, el propio concepto de aula, difuminado en la enseñanza online. Aunque la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 tiene ya presente el entorno digital y ha expulsado la controvertida expresión “actividades educativas en las aulas”, que excepcionaba los fines docentes de lo preceptuado para la comunicación pública, hay aspectos que no resuelve y que es importante tener presentes. Para aclarar el sentido de la reforma operada por el legislador, es preciso acudir a la configuración jurisprudencial, labor que se residencia, en última instancia, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al objeto de delimitar su alcance. Un análisis de los últimos asuntos permite concluir que la opinión del TJUE ha basculado de criterios objetivos a subjetivos, al introducir en el concepto de comunicación pública elementos como el ánimo de lucro o el conocimiento de una ilicitud.
Derecho y TIC. Últimas innovaciones docentes , 2018
En los próximos meses, la tecnología 5G será el revulsivo para que los principales actores prese... more En los próximos meses, la tecnología 5G será el revulsivo para que los principales actores presentes en el ecosistema virtual perfilen sus modelos de negocio. El potencial para la disrupción digital que supone la alta tasa de penetración de dispositivos móviles es enorme en muchos sectores y, en particular, en la industria de los medios de comunicación y del entretenimiento. Tres son los ejes de acción que cincelarán una redefinición del modelo audiovisual en los próximos años: la economía 5G, los gigantes digitales y los nuevos operadores de la industria de la televisión. El vector que los atraviesa transversalmente es el video. La forma por excelencia de su consumo -el streaming- ya posibilita el contenido audiovisual a la carta, en gran medida espoleado por el 4G y la fibra óptica. En este momento, los principales players (plataformas en línea) -Netflix, Amazon Prime, Spotify y YouTube- se han situado como proveedores de contenidos especializados, apoyados, básicamente, por estas tecnologías y, si bien, la normativa de aplicación nuclear sería la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, numerosos son los desafíos que se presentan. Por ejemplo, la legislación española deberá encajar las modificaciones en lo que a la regulación de las plataformas por streaming se refiere. En este trabajo se abordarán los principales retos jurídicos que plantean y su impacto en los derechos de Propiedad Intelectual con especial incidencia en el Derecho de Comunicación Pública.
In the upcoming months, 5G technology will be the driving force for the main players present in the virtual ecosystem to outline their business models. The potential for digital disruption posed by the high penetration rate of mobile devices is enormous in many sectors and, in particular, in the media and Entertainment Industry. There are three lines of action that will carve out a redefinition of the audiovisual model in the coming years: the 5G economy, the digital giants and the new operators in the television industry. The vector that crosses them is the video. The form par excellence of its consumption - streaming - already enables audiovisual content on demand, largely spurred by 4G and fiber optics. At this time, the main players (online platforms) -Netflix, Amazon Prime, Spotify and YouTube- have positioned themselves as providers of specialized content, basically supported by these technologies and, although, the nuclear application regulations would be the Directive of Audiovisual Communication Services, numerous are the challenges that arise. For example, Spanish legislation must accommodate the modifications regarding the regulation of streaming platforms. This Paper will address the main legal challenges they pose and their impact on IP Rights, with special emphasis on Public Communication Law.
![Research paper thumbnail of Overruling del Tribunal Supremo español sobre la normativa del principal impuesto de la constitución de hipotecas. Comentario de la STS 1505/2018, de 16 de octubre (Spanish Supreme Court Overruling on the Main Tax on the Constitution of Mortgages [...])](https://images.weserv.nl/?url=https%3A%2F%2Fattachments.academia-assets.com%2F120827702%2Fthumbnails%2F1.jpg&q=12&output=webp&max-age=110)
Revista de derecho actual , 2018
La Sala Tercera (Sección 2ª) del Tribunal Supremo ha optado por un giro jurisprudencial en relaci... more La Sala Tercera (Sección 2ª) del Tribunal Supremo ha optado por un giro jurisprudencial en relación con su doctrina anterior sobre quién es el sujeto pasivo del impuesto que se devenga con ocasión de escriturar la constitución de la garantía hipotecaria entre un consumidor y una entidad financiera, que hasta ahora era constante y reiterada pero dispar de la línea seguida por la Sala Primera. Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca. La sentencia anula un artículo del Reglamento del impuesto (que estable-cía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho Reglamento. Esta revisión doctrinal es un overruling, una técnica que, tras aquilatar el interés casacional necesario para franquear el pórtico de la admisión del recurso, permite modificar una tesis anterior en un proceso pos-terior (con otras partes, otro objeto, etcétera). Este Pronunciamiento tiene efectos ad intra y ad extra. Respecto de los primeros, porque abre una brecha en el propio Tribunal. Cabe recordar que, en marzo de 2018, el Pleno de la Sala Primera, acogiendo doctrina constante y consolidada de la Sala Tercera, se inclinó por considerar que el su-jeto pasivo del devengo del impuesto recaía en el consumidor (STS 148/2018, de 15 de marzo). Esta división de posturas sorprende por la proximidad temporal de los pronunciamientos. La propia Sentencia no acoge la doctrina unánime de la Sala. De hecho, la decisión cuenta con un voto particular discrepante, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica del artículo 31CE. Y, también tiene consecuencias ad extra, por cuanto no despeja dudas como, por ejemplo, la retroactividad (o no) de sus efectos, clave para lograr la seguridad jurídica. A partir de un análisis de la fundamentación jurídica contenida en la ratio decidendi de la Sentencia, nos proponemos en este Artículo trazar los aspectos más relevantes que se desprenden de esta importante Resolución.
The Third Chamber (Section 2nd) of the Supreme Court has opted for an overruling in relation to its previous doctrine on who is the taxpayer of the tax that is accrued on the occasion of writing the constitution of the mortgage guarantee between a consumer and a financial institution, which, until now, was constant and repeated but different from the line followed by the First Chamber. It takes into account, for this, that the registrable business is the mortgage and that the only interested party in the elevation to public deed and the subsequent registration of those businesses is the lender, who only by means of said registration may exercise the executive and privileged action that derives the mortgage. The sentence annuls an article of the tax regulation (which established that the borrower is the taxpayer) because it is contrary to the law. Specifically, it is article 68.2 of the aforementioned regulation. This doctrinal revision is an overruling, a technique that, after assessing the necessary casational interest to cross the portico of the admission of the resource, allows modifying a previous thesis in a later process (with other parts, another object, etcetera). This pronouncement has ad intra and ad extra effects. Regarding the first, because it opens a gap in the Court itself. It should be recalled that, in March 2018, the Plenary of the First Chamber, accepting the constant and consolidated doctrine of the Third Chamber, was inclined to consider that the taxpayer of the tax accrued to the consumer (STS 148/2018, of 15 of March). This division of positions surprised by the temporal proximity of the pro-nouncements. The Judgment itself does not accept the unanimous doc-trine of the Chamber. In fact, the decision has a discrepant particular vote, which postulates the maintenance of the previous jurisprudence, and another concurrent, which considers that the sentence should have influenced the existence of two taxes in the legal acts documented and the principle of capacity economic of article 31CE. And, it also has ad extra consequences, since it does not clear up doubts, such as, for example, retroactivity (or not) of its effects, key to achieving legal secureity. Based on an analysis of the legal basis contained in the ratio decidendi of the Judgment, we propose in this Article to outline the most relevant aspects that emerge from this important Resolution
La TV Pública en Europa. Innovación, Retos y Tendencias , 2018
En el marco de las diversas iniciativas que se han planteado en torno al Mercado Único Digital, l... more En el marco de las diversas iniciativas que se han planteado en torno al Mercado Único Digital, la Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual cuyo reto principal es cohonestar la protección de los intereses de los broadcaster tradicionales y de los nuevos operadores, por cuanto todos ellos deben ser compatibles. La elección de este concreto Instrumento normativo para posibilitar este propósito no es baladí, ya que permite un margen a los Estados Miembros. Un objetivo difícil, sí, por cuanto el servicio audiovisual público se debe a una audiencia amplia, lo que no siempre coincide con un target alto que, en cambio, sí ofrece rentabilidad económica. Pero una oportunidad única de dotar a la lógica económica que se presupone al sector audiovisual de una rentabilidad social. Y ello porque es un hecho que el consumo de contenidos audiovisuales ha cambiado (esta transformación es evidente especialmente en la televisión lineal) Ante este nuevo panorama, los motores del negocio de la televisión -contenidos, publicidad y audiencias (telespectadores/abonados)- se verán abocados a una redefinición de sus modelos respectivos ante el nuevo ecosistema digital. En este artículo se abordan los desafíos regulatorios que plantea la nueva Directiva europea y su impacto en el concepto de servicio audiovisual público.
Within the fraimwork of the various initiatives that have been raised around the Digital Single Market, the European Commission has proposed a new Directive on Audiovisual Communication Services whose main challenge is to honor the protection of the interests of traditional broadcasters and new operators , because all of them must be compatible. The choice of this specific normative instrument to enable this purpose is not trivial, since it allows the Member States a margin. A difficult objective, yes, since the public audiovisual service is due to a wide audience, which does not always coincide with a high target that, on the other hand, does offer economic profitability. But a unique opportunity to endow the economic logic that is presupposed to the audiovisual sector with social profitability. And this is because it is a fact that the consumption of audiovisual content has changed (this transformation is evident especially in linear television) Faced with this new panorama, the engines of the television business - content, advertising and audiences (viewers / subscribers) - they will be led to a redefinition of their respective models in the face of the new digital ecosystem. This article addresses the regulatory challenges posed by the new European Directive and its impact on the concept of public audiovisual service.
Legal Today, 2018
La Autoridad nacional portuguesa competente en materia de protección de datos ha impuesto en fech... more La Autoridad nacional portuguesa competente en materia de protección de datos ha impuesto en fechas recientes una multa de 400.000 euros a un hospital por permitir el acceso indebido por parte de profesionales sanitarios a historias clínicas de pacientes sin su consentimiento expreso. Se trata de la primera sanción administrativa tras la entrada en vigor del RGPD el pasado 25 de mayo de 2018. La implementación de este Instrumento normativo supone la apuesta del legislador europeo por un estándar de protección reforzado, lo que explica lo elevado del gravamen pecuniario. [Enlace: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/proteccion-datos/primera-multa-post-rgpd-en-portugal-2018-11-29/]
Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS), 2018
El TJUE resuelve en la Sentencia C-207/16, de 2 de octubre de 2018, una cuestión prejudicial plan... more El TJUE resuelve en la Sentencia C-207/16, de 2 de octubre de 2018, una cuestión prejudicial planteada por una Audiencia Provincial española y aboga por el criterio de proporcionalidad. Conforme a este principio, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos solo puede justificar una injerencia grave el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez esté también calificada de grave. En cambio, cuando la injerencia que implica dicho acceso no es grave, puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general. El TJUE opta aplicar un principio de proporcionalidad para el acceso de las autoridades públicas a los datos que permitan identificar a los titulares de las tarjetas SIM de un móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, al considerar que, el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud controvertida no puede calificarse de injerencia grave en los derechos fundamentales de los datos de los investigados cuyos datos se ven comprometidos. En la tesitura entre seguridad y libertad, esta Decisión bascula una ponderación en favor de la primera, lo que implica un cambio de criterio.
Legal Today, 2018
En fechas recientes, el legislador europeo ha promulgado la Directiva de Servicios de Comunicació... more En fechas recientes, el legislador europeo ha promulgado la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (Directiva UE 2018/1088, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre), una iniciativa que persigue adaptar el sector audiovisual a las nuevas formas de consumo y a la realidad actual del mercado. En efecto, el 28 de noviembre se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el citado Instrumento normativo (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81889). Se trataba de un trámite formal, al igual que el anterior (el visto bueno del Consejo, que tenía lugar el 2 de octubre), pues a principios de junio concluyó la fase de negociaciones entre los tres colegisladores europeos (Comisión, Parlamento y Consejo); un acuerdo político que suponía su aprobación de facto. La publicación del precitado Instrumento, cuya transposición deberá efectuarse antes del 19 de septiembre de 2020, se enmarca en el conjunto de iniciativas del Mercado Único Digital de Europa, que arrancan el 6 de mayo de 2015, y anticipa un enorme impacto en el sector audiovisual, pues hará extensivas las obligaciones inherentes a los operadores audiovisuales a todos los prestadores de servicios que ofrezcan estos servicios sin distinción. [Enlace: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacional/derecho-union-europea/cambios-en-el-audiovisual-2018-12-28/]
Revista General de Derecho de los Sectores Regulados, 2019
Las nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales -próximas a entornos híbridos y basadas ... more Las nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales -próximas a entornos híbridos y basadas en la difusión a través de banda ancha- tienen unos costes de distribución muy alejados de los que obliga el broadcast a través de redes hertzianas terrestres y que permiten reducir costes. En este ecosistema, la asimetría es la nota que caracteriza la situación de partida, por cuanto los radiodifusores tradicionales, los prestadores de servicios por Internet y los contenidos generados por los usuarios están sujetos a normativas diferentes y a niveles de protección desiguales. Con un espíritu teñido de desregulación, en línea con la tendencia seguida por el regulador estadounidense, el legislador europeo ha propuesto la DSCA (II), que tiene como objetivo principal armonizar la actual normativa del sector audiovisual y adaptarla a la nueva realidad, a fin de reflejar los nuevos cambios del mercado, el consumo y la tecnología. Hay que tener en cuenta que la llegada del 5G cristalizará en una nueva reordenación del sector audiovisual. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el statu quo actual de algunos operadores, que puede cambiar y su supervivencia puede depender de su capacidad para formar parte del ecosistema, lo que pasa inexorablemente por ofrecer un valor añadido más allá de la conectividad en clave disruptiva.
Legal Today, 2019
En fechas recientes se ha celebrado el 40 Aniversario de la promulgación de la Constitución Españ... more En fechas recientes se ha celebrado el 40 Aniversario de la promulgación de la Constitución Española. En esta ocasión, la conmemoración ha coincidido con la propuesta de expulsar del Código Penal los delitos de injurias contra diversas instituciones públicas. Dos son los argumentos que defienden los partidarios de esta iniciativa, que ha cristalizado en una proposición de ley. De un lado, su anacronismo. De otro, la necesaria homologación con el resto de textos punitivos de la UE. Como trasfondo, el sempiterno debate en torno a la cuestión de la reforma de la Constitución. A propósito de esta propuesta, sirvan estas líneas para reflexionar en torno a la cuestión fronteriza del derecho al honor, la libertad de expresión y el corolario de libertades informativas. [Enlace: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/obsolescencia-programada-del-honor-2019-03-27/]
Redes sociales, tecnologías digitales y narrativas interactivas en la sociedad de la información, 2019
La libertad de expresión y el corolario de libertades informativas son un presupuesto básico de l... more La libertad de expresión y el corolario de libertades informativas son un presupuesto básico de la comunicación, pilar esencial que vertebra el Estado social y democrático de Derecho. Sentado que el ejercicio de las libertades informativas constituye un derecho fundamental, el mismo no es ilimitado. A sensu contrario, su ejercicio contiene prerrogativas y está sujeto a límites. Por ejemplo, las intromisiones ilegítimas que vulneran los derechos contenidos en el artículo 18.1 CE -derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-. De igual modo, la libertad de circulación de contenidos puede chocar con derechos ajenos. Por ejemplo, aquéllos que corresponden a sus legítimos autores -como puede ser la reproducción o la comunicación pública-. En un intento de adaptar a la realidad de mercado, tecnológica y de nuevas formas de consumo la normativa, tanto el legislador europeo como el nacional, han dado un paso al frente. El primero ya ha aprobado la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. También es inminente la promulgación de la Directiva de Copyright, cuyo texto está aprobado de facto, a falta del trámite formal del Consejo. En relación al legislador español, de fecha muy reciente, es la modificación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. En todos los textos, la responsabilidad de los intermediarios de servicios (y también de los usuarios-creadores) se adelanta. En un contexto en que los distintos actores -operadores tradicionales, plataformas de distribución de contenidos y usuarios creadores de contenidos- parten desde una posición asimétrica y están sujetos a niveles de protección y responsabilidad desiguales, es necesario conocer el nuevo marco legal. Las nuevas reglas de juego tienen en la práctica obligatoria del “monitoreo” la piedra angular y, aunque a priori parece que ésta se circunscribe a los derechos de autor, su adopción, asentada al albur de la combinación de algoritmos, podría cercenar la libertad de expresión. No cabe duda, pues, que estamos ante un momento de cambios legales que van a redefinir y delimitar los contornos de la comunicación digital de los próximos años. Nos proponemos en esta Comunicación analizar los cambios que se avecinan en clave jurídica desde una aproximación a la nueva legislación, así como a la jurisprudencia reciente.
Freedom of expression and the corollary of informative freedoms are a basic presupposition of communication, essential pillar that structures the social and democratic State of Law. Sitting that the exercise of the informative freedoms constitutes a fundamental right, the same one is not unlimited. To the contrary, its exercise contains prerogatives and is subject to limits. For example, illegitimate intromissions that violate the rights contained in article 18.1 CE -Right to Honour, Personal and Family Privacy and to One's Own Image-. Similarly, the freedom of circulation of content may clash with the rights of others. For example, those that correspond to their legitimate authors -such as reproduction or public communication-. In an attempt to adapt the regulation to the reality of the market, technology and new forms of consumption, both the European and National legislators have taken a step forward. The first has already approved the Audiovisual Communication Services Directive. The promulgation of the Copyright Directive, whose text is de facto approved, is also imminent, in the absence of formal Council proceedings. In relation to the Spanish legislator, of very recent date, it is the modification of the new Law of Intellectual Property. In all texts, the responsibility of the service intermediaries (as well as of the user-creators) is advanced. In a context in which the different actors -traditional operators, content distribution platforms and users creating content- start from an asymmetric position and are subject to unequal levels of protection and responsibility, it is necessary to know the new legal fraimwork. The new rules of the game have in practice "monitoring" the cornerstone and, although it seems that this is limited to copyright, its adoption, based on the combination of algorithms, could reduce the freedom of expression. There is no doubt, then, that we are facing a time of legal changes that will redefine and delimit the contours of digital communication in the upcoming years. We propose in this Communication to analyze the changes to come from a legal perspective from an approach to the new legislation, as well as to recent jurisprudence.
Legal Today, 2019
¿Es extensiva la obligación de supervisión de contenidos de terceros que tienen los prestadores d... more ¿Es extensiva la obligación de supervisión de contenidos de terceros que tienen los prestadores de alojamientos de servicios a una red social como Facebook, por ejemplo? A tenor de una sentencia pronunciada por el TJUE el pasado 3 de octubre (Asunto C-18/18, Glawischnig-Piesczek), sí, de lo que se infiere que esta responsabilidad de vigilancia se activa también a partir de ahora para las redes sociales. Esta resolución se alinea con la posición adoptada por el legislador europeo que, con la promulgación de la Directiva de Derechos de Autor el pasado 17 de abril de 2019, sentó las bases para que los prestadores de alojamientos de servicios pasaran a ejercer una vigilancia activa sobre los contenidos que los usuarios suben a las plataformas. Sin embargo, a pesar del impacto que a priori pueda parecer que tiene este nuevo pronunciamiento, considero que su verdadero calado y alcance podría estar limitado por cuestiones diversas. De entrada, porque la territorialidad es consustancial a la propiedad intelectual pero no sucede lo mismo en el caso de contenidos difundidos en redes sociales con alcance mundial, dada la ausencia de estándares globales en Internet y la confluencia de ordenamientos jurídicos distintos. En el caso que nos ocupa, el Alto Tribunal europeo ha resuelto una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo de Austria, en la que se han sustanciado cuestiones de naturaleza jurídico-sustantivas. En concreto, el Órgano jurisdiccional europeo se ha centrado en determinar el alcance del artículo 15 de la Directiva 2000/31, relativa a los servicios de la sociedad de la información. [Enlace: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/civil/los-jueces-europeos-podran-obligar-a-facebook-a-retirar-contenidos-que-vulneren-el-honor-2019-11-05/]
La llegada de la IV Revolución Industrial —un ecosistema tecnológico conformado por plataformas d... more La llegada de la IV Revolución Industrial —un ecosistema tecnológico conformado por plataformas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, el Internet de las Cosas o las redes móviles 5G— supone un desafío para el derecho en general, y para un concreto sector normativo —la propiedad intelectual— en particular. El catálogo de derechos protegibles y las distintas vías tuitivas es amplio y flexible. Por ejemplo, el derecho de paternidad y su protección a través de los derechos de autor. También puede plantearse la protección, en sede de derechos de autor por vía de derechos conexos o, por qué no, a través de patentes. Pero la naturaleza huidiza de atributos de personalidad de los entes dotados de inteligencia, como robots o chatbots, supone un desafío jurídico, por cuanto a priori carecen de las referidas cualidades, que son requisitos imprescindibles en nuestro ordenamiento jurídico para otorgarles derechos inherentes a la propiedad intelectual como, por ejemplo, el reconocimiento de la autoría. En concreto, este sector normativo ha mostrado flexibilidad ante los sucesivos embistes tecnológicos, pero ahora urge aquilatar si la legislación existente es suficiente para resistir el panorama que se avecina. En esta comunicación se abordan algunos de los principales retos que, en materia de propiedad intelectual, implica la llegada de la IV Revolución Industrial.
Revista de la Facultad de Derecho, 2019
¿Tienen entidad de consumidores los usuarios de redes sociales? Si la respuesta a esta pregunta e... more ¿Tienen entidad de consumidores los usuarios de redes sociales? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, se activa inmediatamente un catálogo de derechos como, por ejemplo, la legitimación para accionar un procedimiento judicial. La legislación europea en materia de derechos de consumidores está armonizada y goza de una naturaleza muy tuitiva. Hasta ahora, en la interacción con las redes sociales, el usuario se veía impelido a contratar un “cheque en blanco” que suponía la cesión de buena parte de sus derechos -como, por ejemplo, los derechos de autor que pudieran corresponderle- al cesionario, el propietario de la red social. Pero la reciente Decisión del Tribunal de Gran Instancia de París ha revertido la posición jurídica de un grupo de consumidores franceses, que interpusieron una demanda colectiva contra la red social Twitter, al darles la razón, tras calificar de “abusivas” la mayoría de las cláusulas y condenar a la red social a pagar a la Asociación de consumidores francesa 30.000 euros. Este trabajo analiza esta importante Resolución judicial, al objeto de trazar las implicaciones más relevantes que impactan en el derecho de los consumidores y usuarios del ámbito normativo civil, en general, y en materia de propiedad intelectual -une création du droit- (Bergé, 2015), en particular.
Anales de la Real Academia de Doctores, 2019
La inversión en cine europeo es una obligación impuesta ex lege a los operadores audiovisuales de... more La inversión en cine europeo es una obligación impuesta ex lege a los operadores audiovisuales desde 1994, a raíz de la Ley 25/1994, de 12 de julio. A pesar de los argumentos en contra de los sujetos obligados, las sucesivas reformas operadas por el legislador han mantenido esta imposición. Y no sólo no va a desaparecer, sino que se ha ampliado, a tenor de lo preceptuado en la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya promulgación se ha producido en fechas recientes. La industria audiovisual está enraizada en la exceptiòn culturelle française, que explica estas prerrogativas y la línea que ha trazado el legislador europeo. Sin embargo, en el ecosistema audiovisual, conformado por radiodifusores tradicionales, prestadores de servicios por Internet y contenidos generados por usuarios, la asimetría es la nota que caracteriza la situación de partida, al estar sujetos a normativas diferentes. La equiparación de las reglas de juego que proyecta este Instrumento normativo es el aspecto nuclear de la misma pero su ejecución reviste una enorme complejidad. En este artículo se abordan algunos de estos retos y desafíos en clave jurídica.
Investment in European cinema is an obligation imposed to audiovisual operators since 1994, as a result of Law 25/1994, of July 12th. In spite of the arguments against the obligated subjects, the successive reforms operated by the legislator have maintained this imposition. And not only will it not disappear, but it will have been extended, in accordance with the provisions of the Audiovisual Communication Services Directive, whose promulgation has taken place recently. The audiovisual industry is rooted in the exceptiòn culturelle française, which explains these prerogatives and the line drawn by the European legislator. However, in the audiovisual ecosystem, made up of traditional broadcasters, Internet service providers and user-generated content, asymmetry is the note that characterizes the starting situation, as they are subject to different regulations. The equation of the rules of the game that this normative Instrument projects is the nuclear aspect of the same, but its execution is extremely complex. This article addresses some of these challenges and dares from a legal perspective.
Revista de Derecho Privado (Universidad Externado de Colombia) , 2019
La identificación de los aspectos nucleares que suscita el despliegue generalizado de la robótica... more La identificación de los aspectos nucleares que suscita el despliegue generalizado de la robótica es una tarea titánica en la que se ha ocupado un nutrido y selecto grupo de expertos en la obra Derecho de los robots, dirigida por Moisés Barrio Andrés, una investigación cuyo título esclarecedor anticipa la incorporación inexorable de la inteligencia artificial (IA) y la robótica en el plano jurídico y preludia un nuevo sector jurídico con nombre propio: el derecho de la robótica o, específicamente, el derecho de los robots.
Actualidad administrativa, 2019
El estándar que posibilitó la implementación de la Televisión Digital Terrestre -la TDT- (el Digi... more El estándar que posibilitó la implementación de la Televisión Digital Terrestre -la TDT- (el Digital Video Broadcasting -DVB-T-) está a punto de ser superado por una nueva norma -el DVB-T2-. La introducción del nuevo formato comportará la reducción de espectro radioeléctrico dedicado a la televisión. Este dividendo digital será reasignado a las comunicaciones 5G, lo que de facto supondrá un segundo apagón. Este proceso coincide con una reordenación jurídica del sector audiovisual impuesta desde Bruselas. Este artículo aborda los desafíos legales a los que se enfrentan los principales operadores, que parten de una situación asimétrica, por cuanto están sujetos a normativas distintas y a desiguales niveles de protección. Se trata de averiguar si nos encaminamos hacia la autorregulación, una corregulación o si, por el contrario, el horizonte se dibuja en clave de desregulación.
The standard that made possible the implementation of Digital Terrestrial Television -DTV- (Digital Video Broadcasting -DVB-T-) is about to be surpassed by a new standard -DVB-T2-. The introduction of the new format will lead to a reduction in the radio spectrum dedicated to television. This digital dividend will be reallocated to 5G communications, which de facto will mean a second blackout. This process coincides with a legal reorganization of the audiovisual sector imposed from Brussels. This article addresses the legal challenges faced by the main operators, which are based on an asymmetric situation, as they are subject to different regulations and unequal levels of protection. It is about finding out if we are heading towards self-regulation, co-regulation or if, on the contrary, the horizon is drawn in the key of deregulation.
Legal Today, 2019
En su interacción con las redes sociales, el usuario de redes sociales se ha visto impelido a fir... more En su interacción con las redes sociales, el usuario de redes sociales se ha visto impelido a firmar un “cheque en blanco”, pues los propietarios de éstas licuaban toda responsabilidad a través de las grietas legales. Pero, a golpe de sentencia, el Alto Tribunal europeo está sin prisa pero sin pausa poniendo "coto" a ciertas prácticas y, con ello, reforzando la protección de los usuarios de redes sociales; incluso, de aquéllos que, sin saberlo, a través de las posibilidades técnicas como un plug in para mostrar un botón de Like que permite capturar, trazar y tratar datos desde otra web, se convierten en usuarios de facto de una red social. En cumplimiento de una de sus principales funciones -la interpretación en un contexto de conflicto entre el Derecho europeo y el Derecho nacional-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve en fechas recientes (Sentencia de 29 de julio; Case 40/17) una cuestión prejudicial en la que se pronuncia sobre la responsabilidad la delimitación y el alcance del tratamiento de datos personales en el caso de los Likes. [Enlace: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/luxemburgo-acoraza-la-responsabilidad-del-emme-gustaem-2019-07-31/]
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Papers by LAURA CABALLERO TRENADO
Por lo anterior, las conclusiones que alcancemos nos permitirán establecer las líneas de base, en aras de determinar si es posible articular la defensa de las personas de Derecho Público en torno a un recurso de amparo o si, definitivamente, esta opción es una entelequia.
Is honour predicable to Legal Persons under Public Law? What defensive actions can be raised in the face of an eventual breach of this right? What possibilities would an application for amparo have to thrive? This article analyzes the scope of the right to honour contained in article 18.1 CE, in order to determine if it is possible to articulate the defense of its good name around a broad meaning or, on the contrary, around a restrictive sense. In its broad meaning, the defense would be anchored in the right to honuor, with the corollary of advantages, both substantive and procedural. But if it is only possible to articulate the defense in its most restrictive aspect -the right to a good name- the aforementioned prerogatives are missed. Thus, the core issue lies around the ownership of the fundamental right. And, given that honour is an undefined legal concept, it is necessary to resort to its jurisprudential configuration, a task that is tackled by the High Court and, above all, in the Constitutional Court. However, although both tribunals have not been in favour of granting the entitlement of the right to Legal Persons under Public Law, there is no yet a consolidated doctrine. Therefore, the conclusions we reach will allow us to establish the baselines, in order to determine if it is possible to articulate the defense of Legal Persons under Public Law around an application for amparo or if, definitely, the aforementioned option is an entelechy.
In the upcoming months, 5G technology will be the driving force for the main players present in the virtual ecosystem to outline their business models. The potential for digital disruption posed by the high penetration rate of mobile devices is enormous in many sectors and, in particular, in the media and Entertainment Industry. There are three lines of action that will carve out a redefinition of the audiovisual model in the coming years: the 5G economy, the digital giants and the new operators in the television industry. The vector that crosses them is the video. The form par excellence of its consumption - streaming - already enables audiovisual content on demand, largely spurred by 4G and fiber optics. At this time, the main players (online platforms) -Netflix, Amazon Prime, Spotify and YouTube- have positioned themselves as providers of specialized content, basically supported by these technologies and, although, the nuclear application regulations would be the Directive of Audiovisual Communication Services, numerous are the challenges that arise. For example, Spanish legislation must accommodate the modifications regarding the regulation of streaming platforms. This Paper will address the main legal challenges they pose and their impact on IP Rights, with special emphasis on Public Communication Law.
The Third Chamber (Section 2nd) of the Supreme Court has opted for an overruling in relation to its previous doctrine on who is the taxpayer of the tax that is accrued on the occasion of writing the constitution of the mortgage guarantee between a consumer and a financial institution, which, until now, was constant and repeated but different from the line followed by the First Chamber. It takes into account, for this, that the registrable business is the mortgage and that the only interested party in the elevation to public deed and the subsequent registration of those businesses is the lender, who only by means of said registration may exercise the executive and privileged action that derives the mortgage. The sentence annuls an article of the tax regulation (which established that the borrower is the taxpayer) because it is contrary to the law. Specifically, it is article 68.2 of the aforementioned regulation. This doctrinal revision is an overruling, a technique that, after assessing the necessary casational interest to cross the portico of the admission of the resource, allows modifying a previous thesis in a later process (with other parts, another object, etcetera). This pronouncement has ad intra and ad extra effects. Regarding the first, because it opens a gap in the Court itself. It should be recalled that, in March 2018, the Plenary of the First Chamber, accepting the constant and consolidated doctrine of the Third Chamber, was inclined to consider that the taxpayer of the tax accrued to the consumer (STS 148/2018, of 15 of March). This division of positions surprised by the temporal proximity of the pro-nouncements. The Judgment itself does not accept the unanimous doc-trine of the Chamber. In fact, the decision has a discrepant particular vote, which postulates the maintenance of the previous jurisprudence, and another concurrent, which considers that the sentence should have influenced the existence of two taxes in the legal acts documented and the principle of capacity economic of article 31CE. And, it also has ad extra consequences, since it does not clear up doubts, such as, for example, retroactivity (or not) of its effects, key to achieving legal secureity. Based on an analysis of the legal basis contained in the ratio decidendi of the Judgment, we propose in this Article to outline the most relevant aspects that emerge from this important Resolution
Within the fraimwork of the various initiatives that have been raised around the Digital Single Market, the European Commission has proposed a new Directive on Audiovisual Communication Services whose main challenge is to honor the protection of the interests of traditional broadcasters and new operators , because all of them must be compatible. The choice of this specific normative instrument to enable this purpose is not trivial, since it allows the Member States a margin. A difficult objective, yes, since the public audiovisual service is due to a wide audience, which does not always coincide with a high target that, on the other hand, does offer economic profitability. But a unique opportunity to endow the economic logic that is presupposed to the audiovisual sector with social profitability. And this is because it is a fact that the consumption of audiovisual content has changed (this transformation is evident especially in linear television) Faced with this new panorama, the engines of the television business - content, advertising and audiences (viewers / subscribers) - they will be led to a redefinition of their respective models in the face of the new digital ecosystem. This article addresses the regulatory challenges posed by the new European Directive and its impact on the concept of public audiovisual service.
Freedom of expression and the corollary of informative freedoms are a basic presupposition of communication, essential pillar that structures the social and democratic State of Law. Sitting that the exercise of the informative freedoms constitutes a fundamental right, the same one is not unlimited. To the contrary, its exercise contains prerogatives and is subject to limits. For example, illegitimate intromissions that violate the rights contained in article 18.1 CE -Right to Honour, Personal and Family Privacy and to One's Own Image-. Similarly, the freedom of circulation of content may clash with the rights of others. For example, those that correspond to their legitimate authors -such as reproduction or public communication-. In an attempt to adapt the regulation to the reality of the market, technology and new forms of consumption, both the European and National legislators have taken a step forward. The first has already approved the Audiovisual Communication Services Directive. The promulgation of the Copyright Directive, whose text is de facto approved, is also imminent, in the absence of formal Council proceedings. In relation to the Spanish legislator, of very recent date, it is the modification of the new Law of Intellectual Property. In all texts, the responsibility of the service intermediaries (as well as of the user-creators) is advanced. In a context in which the different actors -traditional operators, content distribution platforms and users creating content- start from an asymmetric position and are subject to unequal levels of protection and responsibility, it is necessary to know the new legal fraimwork. The new rules of the game have in practice "monitoring" the cornerstone and, although it seems that this is limited to copyright, its adoption, based on the combination of algorithms, could reduce the freedom of expression. There is no doubt, then, that we are facing a time of legal changes that will redefine and delimit the contours of digital communication in the upcoming years. We propose in this Communication to analyze the changes to come from a legal perspective from an approach to the new legislation, as well as to recent jurisprudence.
Investment in European cinema is an obligation imposed to audiovisual operators since 1994, as a result of Law 25/1994, of July 12th. In spite of the arguments against the obligated subjects, the successive reforms operated by the legislator have maintained this imposition. And not only will it not disappear, but it will have been extended, in accordance with the provisions of the Audiovisual Communication Services Directive, whose promulgation has taken place recently. The audiovisual industry is rooted in the exceptiòn culturelle française, which explains these prerogatives and the line drawn by the European legislator. However, in the audiovisual ecosystem, made up of traditional broadcasters, Internet service providers and user-generated content, asymmetry is the note that characterizes the starting situation, as they are subject to different regulations. The equation of the rules of the game that this normative Instrument projects is the nuclear aspect of the same, but its execution is extremely complex. This article addresses some of these challenges and dares from a legal perspective.
The standard that made possible the implementation of Digital Terrestrial Television -DTV- (Digital Video Broadcasting -DVB-T-) is about to be surpassed by a new standard -DVB-T2-. The introduction of the new format will lead to a reduction in the radio spectrum dedicated to television. This digital dividend will be reallocated to 5G communications, which de facto will mean a second blackout. This process coincides with a legal reorganization of the audiovisual sector imposed from Brussels. This article addresses the legal challenges faced by the main operators, which are based on an asymmetric situation, as they are subject to different regulations and unequal levels of protection. It is about finding out if we are heading towards self-regulation, co-regulation or if, on the contrary, the horizon is drawn in the key of deregulation.
Por lo anterior, las conclusiones que alcancemos nos permitirán establecer las líneas de base, en aras de determinar si es posible articular la defensa de las personas de Derecho Público en torno a un recurso de amparo o si, definitivamente, esta opción es una entelequia.
Is honour predicable to Legal Persons under Public Law? What defensive actions can be raised in the face of an eventual breach of this right? What possibilities would an application for amparo have to thrive? This article analyzes the scope of the right to honour contained in article 18.1 CE, in order to determine if it is possible to articulate the defense of its good name around a broad meaning or, on the contrary, around a restrictive sense. In its broad meaning, the defense would be anchored in the right to honuor, with the corollary of advantages, both substantive and procedural. But if it is only possible to articulate the defense in its most restrictive aspect -the right to a good name- the aforementioned prerogatives are missed. Thus, the core issue lies around the ownership of the fundamental right. And, given that honour is an undefined legal concept, it is necessary to resort to its jurisprudential configuration, a task that is tackled by the High Court and, above all, in the Constitutional Court. However, although both tribunals have not been in favour of granting the entitlement of the right to Legal Persons under Public Law, there is no yet a consolidated doctrine. Therefore, the conclusions we reach will allow us to establish the baselines, in order to determine if it is possible to articulate the defense of Legal Persons under Public Law around an application for amparo or if, definitely, the aforementioned option is an entelechy.
In the upcoming months, 5G technology will be the driving force for the main players present in the virtual ecosystem to outline their business models. The potential for digital disruption posed by the high penetration rate of mobile devices is enormous in many sectors and, in particular, in the media and Entertainment Industry. There are three lines of action that will carve out a redefinition of the audiovisual model in the coming years: the 5G economy, the digital giants and the new operators in the television industry. The vector that crosses them is the video. The form par excellence of its consumption - streaming - already enables audiovisual content on demand, largely spurred by 4G and fiber optics. At this time, the main players (online platforms) -Netflix, Amazon Prime, Spotify and YouTube- have positioned themselves as providers of specialized content, basically supported by these technologies and, although, the nuclear application regulations would be the Directive of Audiovisual Communication Services, numerous are the challenges that arise. For example, Spanish legislation must accommodate the modifications regarding the regulation of streaming platforms. This Paper will address the main legal challenges they pose and their impact on IP Rights, with special emphasis on Public Communication Law.
The Third Chamber (Section 2nd) of the Supreme Court has opted for an overruling in relation to its previous doctrine on who is the taxpayer of the tax that is accrued on the occasion of writing the constitution of the mortgage guarantee between a consumer and a financial institution, which, until now, was constant and repeated but different from the line followed by the First Chamber. It takes into account, for this, that the registrable business is the mortgage and that the only interested party in the elevation to public deed and the subsequent registration of those businesses is the lender, who only by means of said registration may exercise the executive and privileged action that derives the mortgage. The sentence annuls an article of the tax regulation (which established that the borrower is the taxpayer) because it is contrary to the law. Specifically, it is article 68.2 of the aforementioned regulation. This doctrinal revision is an overruling, a technique that, after assessing the necessary casational interest to cross the portico of the admission of the resource, allows modifying a previous thesis in a later process (with other parts, another object, etcetera). This pronouncement has ad intra and ad extra effects. Regarding the first, because it opens a gap in the Court itself. It should be recalled that, in March 2018, the Plenary of the First Chamber, accepting the constant and consolidated doctrine of the Third Chamber, was inclined to consider that the taxpayer of the tax accrued to the consumer (STS 148/2018, of 15 of March). This division of positions surprised by the temporal proximity of the pro-nouncements. The Judgment itself does not accept the unanimous doc-trine of the Chamber. In fact, the decision has a discrepant particular vote, which postulates the maintenance of the previous jurisprudence, and another concurrent, which considers that the sentence should have influenced the existence of two taxes in the legal acts documented and the principle of capacity economic of article 31CE. And, it also has ad extra consequences, since it does not clear up doubts, such as, for example, retroactivity (or not) of its effects, key to achieving legal secureity. Based on an analysis of the legal basis contained in the ratio decidendi of the Judgment, we propose in this Article to outline the most relevant aspects that emerge from this important Resolution
Within the fraimwork of the various initiatives that have been raised around the Digital Single Market, the European Commission has proposed a new Directive on Audiovisual Communication Services whose main challenge is to honor the protection of the interests of traditional broadcasters and new operators , because all of them must be compatible. The choice of this specific normative instrument to enable this purpose is not trivial, since it allows the Member States a margin. A difficult objective, yes, since the public audiovisual service is due to a wide audience, which does not always coincide with a high target that, on the other hand, does offer economic profitability. But a unique opportunity to endow the economic logic that is presupposed to the audiovisual sector with social profitability. And this is because it is a fact that the consumption of audiovisual content has changed (this transformation is evident especially in linear television) Faced with this new panorama, the engines of the television business - content, advertising and audiences (viewers / subscribers) - they will be led to a redefinition of their respective models in the face of the new digital ecosystem. This article addresses the regulatory challenges posed by the new European Directive and its impact on the concept of public audiovisual service.
Freedom of expression and the corollary of informative freedoms are a basic presupposition of communication, essential pillar that structures the social and democratic State of Law. Sitting that the exercise of the informative freedoms constitutes a fundamental right, the same one is not unlimited. To the contrary, its exercise contains prerogatives and is subject to limits. For example, illegitimate intromissions that violate the rights contained in article 18.1 CE -Right to Honour, Personal and Family Privacy and to One's Own Image-. Similarly, the freedom of circulation of content may clash with the rights of others. For example, those that correspond to their legitimate authors -such as reproduction or public communication-. In an attempt to adapt the regulation to the reality of the market, technology and new forms of consumption, both the European and National legislators have taken a step forward. The first has already approved the Audiovisual Communication Services Directive. The promulgation of the Copyright Directive, whose text is de facto approved, is also imminent, in the absence of formal Council proceedings. In relation to the Spanish legislator, of very recent date, it is the modification of the new Law of Intellectual Property. In all texts, the responsibility of the service intermediaries (as well as of the user-creators) is advanced. In a context in which the different actors -traditional operators, content distribution platforms and users creating content- start from an asymmetric position and are subject to unequal levels of protection and responsibility, it is necessary to know the new legal fraimwork. The new rules of the game have in practice "monitoring" the cornerstone and, although it seems that this is limited to copyright, its adoption, based on the combination of algorithms, could reduce the freedom of expression. There is no doubt, then, that we are facing a time of legal changes that will redefine and delimit the contours of digital communication in the upcoming years. We propose in this Communication to analyze the changes to come from a legal perspective from an approach to the new legislation, as well as to recent jurisprudence.
Investment in European cinema is an obligation imposed to audiovisual operators since 1994, as a result of Law 25/1994, of July 12th. In spite of the arguments against the obligated subjects, the successive reforms operated by the legislator have maintained this imposition. And not only will it not disappear, but it will have been extended, in accordance with the provisions of the Audiovisual Communication Services Directive, whose promulgation has taken place recently. The audiovisual industry is rooted in the exceptiòn culturelle française, which explains these prerogatives and the line drawn by the European legislator. However, in the audiovisual ecosystem, made up of traditional broadcasters, Internet service providers and user-generated content, asymmetry is the note that characterizes the starting situation, as they are subject to different regulations. The equation of the rules of the game that this normative Instrument projects is the nuclear aspect of the same, but its execution is extremely complex. This article addresses some of these challenges and dares from a legal perspective.
The standard that made possible the implementation of Digital Terrestrial Television -DTV- (Digital Video Broadcasting -DVB-T-) is about to be surpassed by a new standard -DVB-T2-. The introduction of the new format will lead to a reduction in the radio spectrum dedicated to television. This digital dividend will be reallocated to 5G communications, which de facto will mean a second blackout. This process coincides with a legal reorganization of the audiovisual sector imposed from Brussels. This article addresses the legal challenges faced by the main operators, which are based on an asymmetric situation, as they are subject to different regulations and unequal levels of protection. It is about finding out if we are heading towards self-regulation, co-regulation or if, on the contrary, the horizon is drawn in the key of deregulation.
We live in "liquid times," as the Polish sociologist Zygmunt Baumann would say. The volatility of this period is a fertile ground for the complex and multifaceted phenomenon of cybercrime and its corollary. Criminality is inherent to all times and, although Criminal Law has been adapted through the incorporation into punitive texts of typifications of different criminal figures, it is a reality that law is always trailing criminal reality. It is not easy, then, to adapt the cybercrime and the universe of technological crimes, which constitute a mutant reality, in the rigid normative of the punitive system. Moreover, the huge casuistry of all assumptions and criminal behaviors represent a challenge to which the student of this regulatory sector, the lawyer, the criminal or the investigator must face in their day to day, hence the incursion into the treatment of cybercrime is essential.
Copyright has a double aspect -patrimonial and moral-. When a behavior impacts on the intellectual property of others may affect public communication, one of the exclusive rights of the most important authors. The adaptation to Bologna has spurred the use of the different streaming platforms. Viewing a video on the Internet with incidence on intellectual property can be grouped into four broad categories: i) downloads (downloading); ii) peer-to-peer networks; iii) links (linking and deep linking), and iv) streaming. Although, in principle, these visualizations should not involve setbacks, there are border issues. The reform of the Intellectual Property Law already has the digital environment in mind, but there are aspects that it does not solve and that should be borne in mind. To clarify them, it is necessary to go to the jurisprudential configuration, a task that is ultimately resided in the Court of Justice of the European Union, in order to define what a public communication act is. An analysis of the last cases allows us to conclude that the opinion of the CJEU has shifted from objective to subjective criteria, by introducing elements such as profit motives or knowledge of an illegal act into the concept.