Paúl Arellano Sarasti
PhD candidate in Constitutional Law from the Universidad Andina Simón Bolívar UASB, Master in Business Law from the Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, Specialist in Notarial and Registry Law from the Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Lawyer from the International University of Ecuador UIDE, Graduate in Public and Social Sciences from the Central University of Ecuador, Author and editor of several publications with the CEP Studies and Publications Corporation, among them "Notarial Practice", "Notaries in Ecuador", "Practical Manual of Eviction", " Successions and Notarial Law in Ecuador "," Real Estate Leasing in Ecuador ", and several articles in the Legal Guide of the newspaper El Comercio and the Judicial Magazine of Diario la Hora. Notary Public 64 of Mr. M. de Quito since 2014, UNEMI university professor since 2021, paul.arellano@uasb.edu.bo
Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar UASB, Magister en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, Especialista en Derecho Notarial y Registral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Abogado por la Universidad Internacional del Ecuador UIDE, Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, Autor y editor de varias publicaciones con la Corporación de Estudios y Publicaciones CEP, entre ellas “Práctica Notarial”, “El Notariado en el Ecuador”, “Manual Práctico del Desahucio”, “Sucesiones y Derecho Notarial en el Ecuador”, “Arrendamiento de Inmuebles en el Ecuador”, Coautor "El Notariado en Iberoamérica: perspectivas actuales y retos", "Enciclopedia Notarial" y de varios artículos en la Guía Legal del diario El Comercio y de la Revista Judicial de Diario la Hora. Notario Público 64 del D. M. de Quito desde el 2014, Docente universitario Pregrado UNEMI desde el 2021, Docente Pregrado UISEK desde EL 2022, Docente Posgrado IAEN 2022, correo: paul.arellano@uasb.edu.bo
Phone: +593 991367816
Address: Joaquín Arrieta N52-51 y José Félix Barreiro, Quito Ecuador
Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar UASB, Magister en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, Especialista en Derecho Notarial y Registral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Abogado por la Universidad Internacional del Ecuador UIDE, Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, Autor y editor de varias publicaciones con la Corporación de Estudios y Publicaciones CEP, entre ellas “Práctica Notarial”, “El Notariado en el Ecuador”, “Manual Práctico del Desahucio”, “Sucesiones y Derecho Notarial en el Ecuador”, “Arrendamiento de Inmuebles en el Ecuador”, Coautor "El Notariado en Iberoamérica: perspectivas actuales y retos", "Enciclopedia Notarial" y de varios artículos en la Guía Legal del diario El Comercio y de la Revista Judicial de Diario la Hora. Notario Público 64 del D. M. de Quito desde el 2014, Docente universitario Pregrado UNEMI desde el 2021, Docente Pregrado UISEK desde EL 2022, Docente Posgrado IAEN 2022, correo: paul.arellano@uasb.edu.bo
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de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TICs. Esta investigación se enmarcó bajo el método analítico crítico, que “por ser investigación jurídica, la aprehensión del problema fue un problema del Derecho; los hechos caóticos y confusos con los que se enfrentó han de tener relevancia jurídica. Esto diferencia la investigación jurídica de cualquier otro tipo de investigación”. Como resultado de la investigación se evidenció el retraso evidente de la legislación en comparación al avance tecnológico, acompañado de la deficiencia de acceso, cobertura y el analfabetismo tecnológico, que vulnera derechos constitucionales. Al respecto, de acuerdo con lo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), se destacó que en los últimos siete años se ha evidenciado un incremento de 14,7% a nivel nacional en lo referente a los hogares con acceso a internet. En el año 2012 el 22,5% de hogares ecuatorianos a nivel nacional tenía acceso a internet, y en el año 2018 esa cifra se elevó hasta el 37,2%. Sin embargo, es necesario reconocer que existe una gran brecha entre los hogares con acceso
a internet en las zonas urbanas y rurales. En el área urbana los hogares con acceso a internet llegaron al 46,6%, mientras que en el área rural apenas se llegó al 16,1%. Así también con relación al global de las personas que usaron internet a nivel nacional en Ecuador, el 66,2% lo hizo desde su hogar. De igual forma, se reconoce que, de acuerdo a
las cifras expuestas por el INEC, el promedio de gasto mensual en internet por hogares ecuatorianos fue de $44,26 dólares de los Estados Unidos de América. Se recomienda actualizar la legislación y la implementación de políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano para mitigar la vulneración de los derechos constitucionales de las personas vulnerables digitales.
ecuatoriano Constitución de 2008- reconociendo la necesidad del Estado de garantizar el derecho a la seguridad jurídica en la contratación electrónica. Se considera y analiza la función notarial como servicio
público y como órgano auxiliar de la Función Judicial, que tiene como función dotar de certeza, publicidad, perdurabilidad y seguridad jurídica en los actos y contratos que las partes lo requieren, ahora en el ámbito digital. La investigación fue de tipo documental con enfoque cualitativo. Los resultados evidenciaron que no existe seguridad jurídica por varios factores como el avance tecnológico que excluye a personas en la contratación por medios telemáticos por varios factores como la certeza y respaldo documental de las transacciones, o que los usuarios no cuentan con firma electrónica, el analfabetismo tecnológico entre los más importantes. Se concluye y recomienda la intervención del Estado a través de los notarios públicos para reducir la vulneración de derechos constitucionales de las personas en la contratación telemática, se sugiere la necesidad de políticas públicas que promuevan la intervención del notario como apoyo al acceso tecnológico y la protección de los derechos de las personas vulnerables en la contratación por medios telemáticos.
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TICs. Esta investigación se enmarcó bajo el método analítico crítico, que “por ser investigación jurídica, la aprehensión del problema fue un problema del Derecho; los hechos caóticos y confusos con los que se enfrentó han de tener relevancia jurídica. Esto diferencia la investigación jurídica de cualquier otro tipo de investigación”. Como resultado de la investigación se evidenció el retraso evidente de la legislación en comparación al avance tecnológico, acompañado de la deficiencia de acceso, cobertura y el analfabetismo tecnológico, que vulnera derechos constitucionales. Al respecto, de acuerdo con lo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), se destacó que en los últimos siete años se ha evidenciado un incremento de 14,7% a nivel nacional en lo referente a los hogares con acceso a internet. En el año 2012 el 22,5% de hogares ecuatorianos a nivel nacional tenía acceso a internet, y en el año 2018 esa cifra se elevó hasta el 37,2%. Sin embargo, es necesario reconocer que existe una gran brecha entre los hogares con acceso
a internet en las zonas urbanas y rurales. En el área urbana los hogares con acceso a internet llegaron al 46,6%, mientras que en el área rural apenas se llegó al 16,1%. Así también con relación al global de las personas que usaron internet a nivel nacional en Ecuador, el 66,2% lo hizo desde su hogar. De igual forma, se reconoce que, de acuerdo a
las cifras expuestas por el INEC, el promedio de gasto mensual en internet por hogares ecuatorianos fue de $44,26 dólares de los Estados Unidos de América. Se recomienda actualizar la legislación y la implementación de políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano para mitigar la vulneración de los derechos constitucionales de las personas vulnerables digitales.
ecuatoriano Constitución de 2008- reconociendo la necesidad del Estado de garantizar el derecho a la seguridad jurídica en la contratación electrónica. Se considera y analiza la función notarial como servicio
público y como órgano auxiliar de la Función Judicial, que tiene como función dotar de certeza, publicidad, perdurabilidad y seguridad jurídica en los actos y contratos que las partes lo requieren, ahora en el ámbito digital. La investigación fue de tipo documental con enfoque cualitativo. Los resultados evidenciaron que no existe seguridad jurídica por varios factores como el avance tecnológico que excluye a personas en la contratación por medios telemáticos por varios factores como la certeza y respaldo documental de las transacciones, o que los usuarios no cuentan con firma electrónica, el analfabetismo tecnológico entre los más importantes. Se concluye y recomienda la intervención del Estado a través de los notarios públicos para reducir la vulneración de derechos constitucionales de las personas en la contratación telemática, se sugiere la necesidad de políticas públicas que promuevan la intervención del notario como apoyo al acceso tecnológico y la protección de los derechos de las personas vulnerables en la contratación por medios telemáticos.