Para el especialista en legislación internacional Jorge Sánchez Cordero el tráfico ilegal de bienes culturales es un tema en extremo complicado, que la pandemia agravó con la proliferación de subastas internacionales, sobre todo francesas, y que perjudicó particularmente a México. Acota, sin embargo, que el ilícito mayor se produce con Estados Unidos:

“No todo es París ni todo son subastas.”

En entrevista con Proceso, de donde es colaborador permanente, el doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas (París) hace un recuento de lo logrado por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), de cuya Asamblea General es presidente, evidenciando las limitaciones de ese instituto y de la propia Convención contra el tráfico ilícito de bienes culturales, promulgada en 1970 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Está rebasada desde su origen”, dice, pues esa misma institución la ha sacralizado y ha preferido no corregirla para no obstaculizar que la suscriban o ratifiquen los Estados parte.

El autor de Las disfunciones culturales mexicanas, entre otros libros, comparte que la resolución, en la cual Unidroit venía trabajando desde los años ochenta –para la restitución de bienes culturales a los países de origen–, ha sido reafirmada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y en días pasados fue aprobada por el gobierno de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Vía telefónica, detalla los entretelones de este proceso que arrancó hace 26 años y que inicialmente fue rechazado por varios gobiernos cuyos países