La explotación sexual comercial en la
infancia y adolescencia
BEATRIZ BENAVENTE
Fundación RANA
LLUÍS BALLESTER
Departament de Pedagogia
i Didàctiques Específiques
Universitat de les Illes Balears
NOEMÍ PEREDA
Universitat de Barcelona
JORDI PICH
Departament de Psicologia
Universitat de les Illes Balears
Introducción a la victimización
en la infancia y adolescencia
A pesar de haber existido a lo largo del tiempo en todas las
sociedades, las múltiples formas de victimización que deben afrontar
niños, niñas y adolescentes a lo largo de su desarrollo no han comenzado a estudiarse hasta hace relativamente poco (Finkelhor, 2007).
Esto es debido a una falta de consideración del menor como una
persona de derechos, sumado al desconocimiento de la gravedad
del fenómeno y de las repercusiones que tiene éste en las víctimas.
La consideración de la infancia como una etapa que necesita
de especial atención y el consecuente desarrollo de actitudes pro-
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tectoras hacia los niños y niñas, no se ha origenado hasta mediados
el siglo pasado. A partir de entonces, se producen cambios en la
concepción de la infancia como un período del desarrollo humano
altamente vulnerable y se empiezan a tomar medidas de protección
hacia los menores de edad, sobre todo de internamiento de niños
huérfanos o abandonados (De Paúl y Arruabarrena, 2007).
Debemos tener en cuenta que la victimización es un fenómeno complejo, dado que hablamos de la interacción entre un sujeto
víctima, el agente que ejerce la violencia y el contexto en el que se
da. Además, las tipologías no suelen ser excluyentes y es habitual
que se presenten de forma conjunta, por ello se ha generado mucha
diversidad de definiciones, y ha supuesto un reto contextualizarlas,
estudiarlas y abordarlas. Desde la perspectiva de la victimología del
desarrollo (Finkelhor, 2007) se explica cómo los menores sufren las
mismas victimizaciones que los adultos pero que, además, debido
a su dependencia evolutiva hacia los adultos, son vulnerables a sufrir muchos otros tipos de victimizaciones dada esta condición. Esta
victimización hacia los menores suele ser cometida por un adulto
del entorno cercano al menor que se aprovecha de ese vínculo de
confianza para hacer el daño. La concurrencia de más de un suceso
traumático en la vida de un sujeto es lo que se conoce como polivictimización.
Las Naciones Unidas proponen utilizar el término violencia contra la infancia, en vez del maltrato infantil por la asociación que se le
ha dado a este último con el maltrato físico (Save the Children, 2012)
y así se recoge en el artículo 19 de la Convención de los Derechos
del Niño donde se insta a los Estados Partes a proteger a la infancia
de «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual». Por
tanto, entendemos por violencia el daño físico, mental o emocional,
el descuido o trato negligente, el abandono, los castigos corporales
o humillantes, el abuso sexual, la explotación sexual y otros maltratos sexuales. Quienes la ejercen pueden ser adultos o niños cercanos
al menor, desconocidos o las propias instituciones que deberían velar por la protección del menor, como así también, los medios de
comunicación.
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La explotación sexual comercial y la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual (ESCIA) (CSEC, según las siglas en inglés de «Commercial sexual exploitation of children») consiste en prácticas que son degradantes, denigrantes y que en muchas
ocasiones ponen en peligro la vida de los menores (Hecht, 2008).
El I Congreso Mundial de Estocolmo contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes se lleva a cabo en
el año 1996 y se ofrece una definición de la explotación sexual comercial infantil que, según Hecht (2008), es la más consensuada y
utilizada por académicos y profesionales del derecho y defensa del
menor:
La explotación sexual de los niños es una violación
fundamental de los derechos del niño. Comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en efectivo o en
especie para el niño o una tercera persona o personas. El
niño es tratado como un objeto sexual y como un objeto
comercial. La explotación sexual comercial de niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños,
y equivale a trabajo forzoso y una forma contemporánea
de esclavitud (I Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Comercial de los Niños. Declaración y Programa de
Acción, 1996, p. 2).
A pesar de los esfuerzos de las diferentes instituciones y organismos que trabajan en la protección de la infancia y del compromiso
de los distintos países para combatir este tipo de violencia contra los
menores, la ESCIA presenta una frecuencia muy elevada. Se calcula
que ésta afecta a unos 2 millones de personas menores de edad al
año en todo el mundo (UNICEF, 2001).
Según se informa en el III Plan de Acción Contra la Explotación
Sexual Infantil y Adolescente en España, la magnitud y el alcance de
éste fenómeno se está expandiendo debido al crecimiento en cuanto al acceso y el uso de Internet, como de las oportunidades para
producir, obtener y difundir material de abuso sexual infantil o facilitar el acceso a menores vulnerables a través de estas tecnologías; el
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aumento de las desigualdades sociales, la migración, los conflictos y
la violencia, así como los desastres naturales aumentan el riesgo de
que niños y niñas sean objeto de trata y/o de explotación sexual;
la expansión de la industria de los viajes y el turismo cuyas infraestructuras son utilizadas por agresores y/o explotadores sexuales para
abusar de niños, niñas y adolescentes también contribuye al aumento de riesgo para que menores sean explotados con fines sexuales.
Existen cuatro manifestaciones básicas de la ESCIA que están
estrechamente vinculadas entre sí: la prostitución infantil, la pornografía infantil, la trata de menores con fines de explotación sexual y
la explotación sexual infantil en los viajes y el turismo.
El término prostitución infantil se define como «la utilización de
un menor en actividades sexuales a cambio de remuneración o de
cualquier otra retribución» (Naciones Unidas, 2000). La prostitución
infantil es una práctica que, aunque es ilegal, se lleva a cabo en
prácticamente todas las sociedades y culturas del mundo. Podemos
distinguir cuatro sectores implicados, según explica Marín (2006):
– Distribuidores o facilitadores de la infraestructura, constituido
por empresarios, dueños de prostíbulos y hoteles, agencias de
turismo, etc.
– Las personas que pagan por sexo con niños (los abusadores).
– La persona menor que es prostituida (la víctima).
– El entorno que rodea a la víctima, compuesto por proxenetas,
cómplices, autoridades, etc.
De acuerdo con el informe de ECPAT (2016), entendemos que
los menores también pueden verse involucrados en la prostitución
cuando participan en actividades sexuales a cambio de cubrir necesidades básicas como comida, refugio o seguridad, o a cambio de
favores como mejores notas en la escuela o más dinero para comprar
bienes de consumo.
Del mismo modo, lo explican Valdés y Jiménez (2008), quienes
comentan que se trata de una práctica que constituye para muchos
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un negocio y una forma de sustentarse económicamente, puede
realizarse a través del engaño, la amenaza, la fuerza física, regalos
y hasta con el consentimiento por parte del menor, mediante una
violación de los derechos de los más pequeños de la sociedad y ante
los cuales todos tenemos una enorme responsabilidad. Por otra parte, se trata de un problema que no solamente abarca a países en
desarrollo, sino que se encuentra implicada la población mundial
debido a que existen muchos explotadores extranjeros que se aprovechan de su poder económico y social para acceder a este tipo de
prostitución.
A pesar de que el término «prostitución infantil» es el más utilizado para definir esta actividad sobre todo en el ámbito jurídico, se
recomienda utilizar más adecuadamente los términos «explotación
a través de la prostitución» o «explotación en la prostitución». En
el primero, el de prostitución infantil, podría estigmatizar a los menores explotados o legitimar esa práctica; en cambio, los términos
sugeridos subrayan que el menor está siendo explotado y que no
son responsables de los actos que derivan de su situación (ECPAT
Internacional, 2016).
La trata de seres humanos es un delito transnacional cuya definición fue consensuada en el Protocolo de Palermo:
Por «trata de personas» se entenderá la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
(Naciones Unidas, 2000)
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Los informes de la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización Internacional para las Migraciones, así como otras organizaciones de solidaridad (HUMANIUM, Unicef), permiten afirmar
que las dimensiones del problema afectan a centenares de miles de
niños, niñas y adolescentes en todo el mundo (Carpinteri, Bang, Klimley, Black y Van Hasselt, 2017; Kennedy, 2017; Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2009a; OIT, 2009b).
En el artículo 2 de la Directiva 2011/93/UE se define como
«pornografía infantil» a:
i) todo material que represente de manera visual a un
menor participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada, ii) toda representación de los órganos
sexuales de un menor con fines principalmente sexuales,
iii) todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que
parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales,
o iv) imágenes realistas de un menor participando en una
conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los
órganos sexuales de un menor, con fines principalmente
sexuales.
Al margen de la implicación delictiva de menores en la pornografía, divulgando sus imágenes, conseguidas de manera engañosa
o forzada, también se debe considerar la importancia de la propia
pornografía (de la nueva pornografía en internet) como alteradora
de los patrones de relación interpersonal de los adolescentes (Ballester, Orte y Pozo, 2015). Internet se ha convertido en la fuente
de información sexual más ampliamente utilizada entre los adolescentes en España, especialmente entre los adolescentes masculinos,
aunque aún no ha reemplazado a las fuentes tradicionales de información sexual (familia, escuela, amigos y medios de comunicación)
(González-Ortega, Vicario-Molina, Martínez y Orgaz, 2015).
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Revisión de investigaciones
internacionales
Prevalencia
La ESCIA es una forma grave de victimización sexual y una violación fundamental de los derechos humanos. Aunque la ESCIA a
menudo se considera un fenómeno internacional, ajeno a España,
existe un reconocimiento creciente de que ocurre de manera relevante y generalmente afecta a ciudadanos españoles y residentes
legales, no sólo a menores de edad de otros países traficados (Meneses, 2018; MSSSI, 2015).
Debido a su naturaleza delictiva, la falta de una base de datos
centralizada, las variaciones en las definiciones y los métodos de recogida de datos, la renuencia de las víctimas a revelar su estado y la
falta de identificación por parte de la administración y los servicios
sociales, la estimación de la prevalencia real de la ESCIA es difícil de
establecer y no hay estimaciones fiables disponibles (Littler, 2014;
Stansky y Finkelhor, 2016).
Los estudios de jóvenes embarazadas sin hogar ya documentaban tasas de actividad sexual comercial en el rango de 9% a 28%
de los jóvenes sin hogar, hace casi veinte años en Estados Unidos
(Greene, Ennett y Ringwalt, 1999).
Factores de riesgo
La victimización por la explotación sexual comercial y el tráfico
de niños y niñas con fines sexuales suele comenzar durante la adolescencia temprana (Gragg, Petta, Bernstein, Eisen y Quinn, 2007;
Greenbaum, 2014; Smith, Vardaman y Snow, 2009).
Varios factores aumentan la vulnerabilidad de los menores a
la ESCIA y el tráfico sexual infantil (Salazar y Vega, 2017; Walker,
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2013). Aplicando un marco ecológico, desarrollado origenariamente
por Garbarino (1976), Bronfenbrenner (1977) y Belsky (1980), los
factores de riesgo pueden estar presentes en cuatro niveles (Ling y
Kwok, 2017; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016).
A nivel individual, la vulnerabilidad aumenta en los jóvenes con
antecedentes de abuso o negligencia (Gragg et al., 2007), personas
sin hogar (Bigelsen y Vuotto, 2016; Edinburgh, Pape-Blabolil, Harpin y Saewyc, 2015), que han abandonado el hogar familiar o han
sido forzados a hacerlo (Varma, Gillespie, McCracken y Greenbaum,
2015). Los jóvenes que se identifican desde opciones sexuales diferenciadas de las dominantes, como lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o queer, corren un mayor riesgo (Dank et al.,
2015), al igual que aquellos con antecedentes de consumo de riesgo
de drogas o con repetidas experiencias con la justicia juvenil, justicia
penal, sistemas de protección a la infancia y de bienestar infantil
(Finklea, Fernandes-Alcantara y Siskin, 2016; Varma et al., 2015).
Los factores de riesgo a nivel familiar para la ESCIA, así como las
situaciones asociadas de trata de menores con fines de explotación
sexual, incluyen la violencia doméstica y otros tipos de disfunción
familiar (IMNRC, 2013). En un estudio realizado en Colombia, encontraron una fuerte relación de las dinámicas del contexto familiar
y la implicación de los niños, niñas y adolescentes en la ESCIA, identificando a las familias de estas víctimas como multiproblemáticas,
pero especialmente como generadoras de conductas expulsoras de
la familia, provocando que los menores se sientan desprotegidos y
expulsados a buscarse la vida, aumentando la exposición a diversos
factores de riego asociados directamente con la ESCIA (Méndez, Rojas y Moreno, 2012).
En el contexto comunitario, se identifican factores como la
presión social, las normas sociales rígidas, el aislamiento social de
la familia, las pandillas disfuncionales (con prácticas de riesgo o no
normativas), la pobreza, la asistencia a escuelas con pocos recursos y
condiciones precarias, así como la residencia en barrios con altos índices de criminalidad; todos estos factores aumentan la probabilidad
de ESCIA y de la trata de menores con fines de explotación sexual
(IMNRC, 2013).
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Finalmente, otros factores de riesgo a nivel social más general,
incluyen una falta de consciencia sobre la ESCIA y la trata de menores con fines de explotación sexual, la sexualización en diversos
contextos sociales de los niños y las niñas (medios de comunicación,
redes sociales, etc.), los prejuicios de género y la discriminación, y la
limitación de los recursos dedicados a atender a poblaciones vulnerables de adolescentes y jóvenes (IMNRC, 2013).
Sin embargo, estos factores de riesgo podrían no ser causales.
Algunas víctimas no tienen factores de riesgo aparentes que puedan
diferenciarse de la propia edad, es decir, factores distintos de la adolescencia y juventud; la etapa de desarrollo cerebral, que favorece la
asunción de riesgos y la impulsividad, lo cual remarca las vulnerabilidades singulares de la infancia y adolescencia frente a la ESCIA y
la trata de menores con fines de explotación sexual (Greenbaum y
Crawford-Jakubiak, 2015; Jensen, 2016).
Efectos en la salud de la ESCIA y la trata
con fines de explotación sexual
Diversos estudios han documentado los efectos adversos para
la salud de la ESCIA y la trata con fines de explotación sexual. Los
análisis incluyen lesiones relacionadas con la violencia, enfermedades de transmisión sexual (ETS), embarazo, problemas de salud crónicos no tratados, complicaciones del abuso de drogas, trastorno
por estrés postraumático, depresión, tendencias suicidas, ansiedad
y otros problemas de salud mental (Curtis, Terry, Dank, Dombrowski y Khan, 2008; Greenbaum y Crawford-Jakubiak, 2015; MaciasKonstantopoulos, Munroe, Purcell, Tester, Burke y Ahn, 2015; Muftiþ
y Finn, 2013).
La ESCIA y la trata con fines de explotación sexual pueden causar un trauma grave y complejo, referido a la exposición a múltiples
eventos traumáticos graves y al efecto a largo plazo de la situación
de explotación. Un estudio transversal en EE.UU. con mujeres jóvenes, víctimas de trata, confirmó que el 89% sufrió violencia física
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durante el proceso de trata, el 59% padeció una ETS y el 58% quedó
embarazada mientras era explotada (Muftiþ y Finn, 2013).
Muchas de las víctimas de ESCIA y trata con fines de explotación sexual han sufrido abusos físicos y/o sexuales, lo que se convierte en un precedente que agrava los riesgos para la salud física y
mental (Cole, Sprang, Lee y Cohen, 2016; IMNRC, 2013).
También se ha podido confirmar que las víctimas buscan atención sanitaria. Un estudio de jóvenes sin hogar y fugitivos en la ciudad de Nueva York reveló que el 82% de los que informaron haber
tenido relaciones sexuales comerciales habían visitado servicios de
salud en los últimos 6 meses, con resultados diversos en los niveles
de atención (Curtis et al., 2008). Otro estudio de supervivientes de
trata sexual de adolescentes y mujeres de diversas edades mostró
que casi el 88% había buscado atención sanitaria durante su período
de explotación (Lederer y Wetzel, 2014).
Sin embargo, las evidencias parecen indicar que la mayoría de
las víctimas son reacias a revelar sus circunstancias, incluso dentro
del contexto de los servicios de atención sanitaria. El miedo al arresto, el miedo a las represalias y la lealtad hacia sus explotadores, los
sentimientos de vergüenza y humillación, la falta de conciencia de
su propia victimización y otras motivaciones diversas crean barreras
para expresar su situación. El silencio de sus necesidades es doblemente preocupante: ellas no se expresan y los sanitarios parecen no
escuchar bien lo que está pasando a partir de los indicios aportados en la consulta. En relación con esto, las víctimas pueden insistir
en que se están comportando de manera voluntaria (Greenbaum y
Crawford-Jakubiak, 2015; Lederer y Wetzel, 2014).
Dificultades de la exploración de
las situaciones de ESCIA
A pesar de los cambios en la normativa de extranjería, en el
sentido de garantizar protección a las mujeres que denuncian, así
como de las garantías de la normativa de protección a la infancia
y la adolescencia, muchas víctimas de la explotación comercial se-
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xual infantil no reciben el apoyo y protección necesarios; en especial
por lo que se refiere a protocolos de detección, parece que se debe
mejorar sustancialmente. La misma presencia de la ECSIA en España
y Europa, identificada cuando los menores ya son adultos, sugiere
que aún se deben mejorar muchas cosas. La falta de capacidad de
escucha, de detección, en definitiva, la limitación para prestar ayuda, por parte de los profesionales de los servicios de salud y de los
servicios sociales, podría contribuir a su desconfianza hacia dichos
servicios y a la aplicación de la legislación de protección a la infancia
y la adolescencia, así como a su renuencia a revelar su historia. A
pesar de que las revelaciones espontáneas de las víctimas en el momento de la presentación ante los profesionales no son comunes, los
servicios de salud y sociales podrían tener presentes indicadores de
posible explotación que indiquen la necesidad de una exploración
de la situación (Greenbaum y Crawford-Jakubiak, 2015). Parece que
los protocolos actuales son mejorables en relación a la ESCIA y la trata con fines de explotación sexual, siendo necesario que en España
se avance en la evaluación de las herramientas ya disponibles o en
el desarrollo de otras propias (Chang, Lee, Park, Sy y Quach, 2015;
Greenbaum, Dodd y McCracken, 2018).
Algunas de estas «señales de alarma» incluyen un adulto agresivo y dominante que acompaña al paciente, solicitudes de atención por ETS o pruebas de embarazo en menores de edad, historias
inconsistentes proporcionadas por el adolescente, tatuajes dudosos relacionados con pandillas, insinuaciones sexuales en el examen o la presencia de los factores de riesgo descritos previamente
(Greenbaum, 2014; Smith, Vardaman y Snow, 2009; Zimmerman,
Yun, Shvab, Watts y Trappolin, 2003).
Conclusión y discusión final: las
dificultades y retos para la investigación
La investigación referida a la ESCIA y trata con fines de explotación sexual se está desarrollando en los últimos diez años de for-
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ma importante, pero aún es bastante limitada. Aunque, desde hace
tiempo, se ha intentado precisar la prevalencia por aproximación
entre ciertas poblaciones altamente vulnerables, como los jóvenes
sin hogar (Greene et al.,1999), es difícil obtener mediciones de la
prevalencia general, así como el alcance real de la ESCIA y la trata
con fines de explotación sexual, siendo un reto abierto para la investigación (Finklea et al., 2016).
Muchos de los estudios en este ámbito son cualitativos, usan
tamaños de muestra pequeños, y/o combinan adultos con niños,
niñas y adolescentes en los grupos de estudio (Muftiþ y Finn, 2013;
Ossa-Estrada y Muñoz-Echeverri, 2017; Raphael, Reichert y Powers,
2010; Zimmerman, Yun, Shvab, Watts y Trappolin, 2003). Algunos
de estos trabajos combinan víctimas de diversas formas de tráfico o
víctimas de distintas nacionalidades (Sarkar et al., 2008; Zimmerman et al., 2003). Existen relativamente pocos estudios con metodologías y revisiones rigurosas que documenten los riesgos para la
salud específicos de la ESCIA y la trata con fines de explotación sexual (Greenbaum, 2014).
Una dificultad adicional es la investigación sobre subpoblaciones de jóvenes victimizados, a pesar de contar con diversos estudios en España (Álvarez-Lister, 2015; Indias y De Paúl, 2017; Pereda,
Abad y Guilera, 2015; Pereda, Abad y Guilera, 2017; Pereda, Guilera
y Abad, 2014). También, hay una escasez de investigaciones sobre la
efectividad de los programas de prevención e intervención, a pesar
de los programas con los que se cuenta en los últimos años en las
administraciones autonómicas (Pereda et al., 2017; Segura, Pereda,
Abad y Guilera, 2015).
Un informe de 2013 del Institute of Medicine and National Research Council (IMNRC) sobre ESCIA y la trata con fines de explotación sexual indicaba que se requiere un esfuerzo de colaboración
para aumentar la conciencia de la ESCIA entre jóvenes, profesionales y organizaciones implicadas, desarrollar leyes que identifiquen
claramente las necesidades de protocolos de prevención, detección
y apoyo, desarrollar leyes que responsabilicen a los explotadores
y perseguir la demanda por parte de los prostituidores (supuestos
«clientes»), así como fortalecer el esfuerzo de investigación de calidad.
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Los retos de investigación, identificados en la literatura (Carpinteri et al., 2017; IMNRC 2013, Walker, 2013), se centran en:
1) Incrementar las herramientas más eficaces para desarrollar la
acción por parte de las policías de todo el mundo, la administración y todas las organizaciones de la sociedad civil dada la
creciente rentabilidad de la ESCIA y la trata con fines de explotación sexual, combinada con la naturaleza oculta, clandestina,
de la explotación. Para este grave problema global es primordial la identificación de los autores de diversos delitos vinculados con la ESCIA. Ese es el primer reto de la investigación
(Carpinteri et al., 2017).
2) Avanzar en el conocimiento de las características y dimensiones de este fenómeno, aproximando la prevalencia general y
para subpoblaciones de riesgo. La evidencia disponible sugiere
que la ESCIA y trata con fines de explotación sexual afectan
profundamente la salud mental y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se necesitan estudios que ayuden a
identificar y dar dimensiones a la población afectada y que permitan saber cuáles son los efectos a largo plazo, especialmente
los efectos para la salud mental, educativos y sociales.
3) Seguir desarrollando estudios que mejoren la comprensión
de la ESCIA, las trayectorias personales de las víctimas, incluyendo los procesos que provocaron que el riesgo se tradujera en situaciones efectivas de explotación. Es decir, se necesitan más investigaciones para comprender mejor los riesgos,
las experiencias y las necesidades de grupos de niños, niñas y
adolescentes particularmente vulnerables, incluidos los jóvenes
sin hogar y fugitivos, los jóvenes tutelados por los sistemas de
protección a la infancia y la adolescencia, así como los implicados en procesos de atención por parte de la justicia juvenil, y
los jóvenes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales o queer. En este tipo de investigaciones es muy
relevante dar la palabra a las personas afectadas. Escuchar los
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relatos de las víctimas es esencial para la correcta comprensión
de los procesos vividos.
4) Desarrollar intervenciones efectivas para prevenir e identificar correctamente, en los servicios sociales, de salud y otros, la
ESCIA. Concretamente, parece necesario realizar más investigaciones sobre la prevención de la ESCIA y la trata con fines de
explotación sexual, con énfasis en la identificación de los factores de riesgo entre las subpoblaciones vulnerables que sitúan a
los niños, niñas y adolescentes en mayor riesgo de explotación.
Se necesita investigación para desarrollar y validar herramientas de detección eficaces para entornos sanitarios y de servicios
sociales. Se han publicado algunas herramientas, pero no han
sido validadas rigurosamente, en contextos diversos, por ejemplo, para poblaciones de riesgo (Chang, Lee, Park, Sy y Quach, 2015; Greenbaum, Dodd, McCracken, 2018). En cualquier
caso, son aportaciones valiosas para la mejora de la comprensión (punto 3) y para la mejora de la detección (punto 4).
5) Realizar estudios sobre las múltiples experiencias de victimización que los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente deben afrontar en su infancia (polivictimización), pero
también a lo largo de su vida (revictimización). Así, el abuso
sexual y otras formas de maltrato infantil, por ejemplo, son factores de riesgo para la posterior ESCIA (véanse los trabajos de
Lalor y McElvaney, 2010 y Reid, 2011), pero a la vez, las víctimas de ESCIA sufren múltiples experiencias de victimización
durante y tras su explotación (véase el completo análisis de Wilson y Butler, 2014).
6) Desarrollar estrategias para evaluar la efectividad de las políticas, leyes y programas relacionados con ESCIA. En especial,
desarrollar la investigación sobre la efectividad de los programas de atención relacionada con trauma por ESCIA y trata con
fines de explotación sexual. También se necesita investigación
sobre intervenciones efectivas que reduzcan el reingreso a la
explotación comercial.
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