• Costa Rica
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• El Colegio de México
• pp. 93-110
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Uno de los países que más apoyo brindó a los revolucionarios nicaragüenses en su lucha para derrocar al gobierno de Somoza fue Costa Rica. El gobierno de Carazo Odio, junto con el de Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el de Panamá de Ornar Torrijos y más tarde el de México de López Portillo, otorgaron un apoyo amplio y abierto a los revolucionarios. Costa Rica toleró el establecimiento de santuarios en su territorio para el frente sur de los revolucionarios sandinistas comandados por Edén Pastora, permitió el traslado de armas por su territorio, rompió relaciones con el gobierno de Somoza, reconoció y hospedó al gobierno revolucionario constituido en el exilio y procuró, junto con México, el bloqueo diplomático al gobierno de Somoza de parte de los países latinoamericanos.

Sin embargo, en 1982, a finales del gobierno de Carazo Odio, dos factores se van a conjugar para que la política de Costa Rica hacia el gobierno revolucionario de Nicaragua empiece a modificarse: la radicalización del gobierno nicaragüense, que tiene como consecuencia la salida gradual de los elementos moderados del sandinismo afines a Costa Rica, y los propios problemas financieros y económicos de Costa Rica, que hacen crisis a mediados de 1981. Ante una deuda externa acumulada de más de 2 000 millones de dólares y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que alcanza 14% del pib en 1980, el gobierno de Carazo Odio se ve obligado a suspender, en agosto de 1981, el servicio de la deuda.⁷³

Más tarde, con la llegada a la Presidencia de Costa Rica de Luis Alberto Monge, en mayo de 1982, el cambio de la política exterior costarricen­se habrá de consumarse. Costa Rica pasa a convertirse en un aliado deci­dido de Estados Unidos en los conflictos centroamericanos. En octubre de 1982, el gobierno de Monge patrocina, bajo la iniciativa de Washington, la reunión constitutiva de una organización de países centroamericanos, el Foro pro Paz y Democracia, que viene a substituir un proyecto similar anterior, la Comunidad Democrática Centroamericana, creada en enero del mismo año sin mucho éxito. El Foro pro Paz y Democracia más que una iniciativa negociadora es una alianza excluyente, pues deja fuera a Guatemala y Nicaragua por no reunir —a juicio de los organizadores— los requisitos para ser considerados países democráticos. Esta es una clara maniobra para aislar a Nicaragua, pero que habrá de tener también repercusiones a futuro en la posición de Guatemala.

Sin embargo, un mes después de creado el Foro pro Paz, ante la polarización interna de los conflictos centroamericanos, particularmente el giro de la revolución nicaragüense, el presidente Monge proclama la “neutralidad permanente, activa y no armada” de Costa Rica. Pero su esfuerzo resulta inútil. Partidarios costarricenses de Edén Pastora —quien ahora milita en la oposición armada al gobierno nicaragüense— le brindan amplio apoyo para que inicie con su grupo guerrillero Arde una lucha de hostigamiento a Nicaragua desde la frontera con Costa Rica. Monge intenta elevar su proclama a rango de precepto constitucional, pero la Asamblea Legislativa no lo aprueba.

Como se ha visto en el capítulo anterior, las acciones militares de la Arde provocan un serio diferendo entre Costa Rica y Nicaragua. El gobierno de Monge solicita a la oeala integración de una fuerza de paz por parte de los países de Contadora para que patrulle la frontera entre los dos países. Contadora descarta la fórmula de la fuerza de paz, pero acepta establecer la Comisión de Supervisión y Prevención de Incidentes Fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua.

Casi al mismo tiempo, el canciller costarricense Volio viaja a México y le plantea al secretario Sepulveda —como se ha visto también en el capítulo anterior— el ingreso de Costa Rica al Grupo Contadora. El canciller mexicano explica a Volio que su solicitud no es procedente: Contadora es una instancia de mediación y Costa Rica es parte de los conflictos de Centroamérica, precisamente por su activa participación en el Foro pro Paz y Democracia y por su diferendo con Nicaragua.

Ha quedado establecido también cómo, después de estos intentos fallidos del gobierno de Monge por formar parte del Grupo Contadora, Costa Rica asume, como principal preocupación en las gestiones del Grupo, el futuro de la democracia en Centroamérica. Expone también, claro está, preocupación por la carrera armamentista y por los incidentes fronterizos, pero su principal tesis dentro de Contadora es la preservación y el desarrollo de la democracia. Por otra parte, el canciller Volio renuncia a su cargo en noviembre de 1983 y con ello parece abrirse un periodo de acercamiento entre las posiciones de Costa Rica y Contadora.

Sin embargo, en 1984 el presidente Monge asume una nueva posición y es la de que debe dejarse a los países centroamericanos resolver sus problemas por sí mismos. Por otra parte, viaja profusamente por los países de Europa occidental en busca de apoyo para la región. Esta acción, que constituye un claro intento por eliminar de las gestiones de paz al Grupo Contadora y de introducir un elemento de discordia entre el Grupo y los gobiernos europeos no logra su objetivo. Los gobiernos europeos acceden a realizar una reunión en San José con los de los países centroamericanos, pero con la presencia de los cancilleres de Contadora. La reunión se lleva a cabo en septiembre de 1984 y tiene como resultado, a pesar de la oposición estadunidense, la promesa europea de aumentar su cooperación económica a los países de Centroamérica, sin discriminación alguna.

En septiembre de 1984 las presiones internas conducen a un mayor endurecimiento de la posición de Costa Rica. Ángel Edmundo Solano Calderón, ministro de Seguridad Pública, quien había venido sosteniendo la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación con Nicaragua, renuncia a su cargo. Un mes más tarde, Costa Rica participa en la confección del Documento de Tegucigalpa_y mediante el cual se solicita una nueva revisión del Acta de Contadora. Posterior­mente, y no obstante que los países de Contadora aceptan afinar el Acta conforme a sugerencias contenidas en el Documento de Tegucigalpa:, Costa Rica condiciona la continuación de su participación en las negociaciones al arreglo de un diferendo bilateral con Nicaragua. El diferendo se refiere al caso del asilado nicaragüense en la embajada de Costa Rica que presuntamente fue sacado de allí por la fuerza por autoridades de Nicaragua. El Salvador y Honduras se suman, en solidari­dad con Costa Rica, a la decisión de condicionar su asistencia a las negociaciones de Contadora al arreglo de dicho diferendo. Finalmente, como ya vimos, Nicaragua libera al asilado del caso y los tres países vuelven a la mesa de negociaciones el n de abril de 1985.

La posición de El Salvador frente a Contadora estuvo influida fundamentalmente por el hecho de ser parte activa de los conflictos de Centroamérica. El Salvador vivía, desde finales de 1980, en un estado de guerra civil. Desde esa fecha, parte importante del territorio salvadoreño estuvo fuera del control de los sucesivos gobiernos. A pesar de ello, la política de El Salvador tuvo un alto grado de consistencia y continuidad, que obedeció al hecho de que, con una corta interrupción y no obstante las limitaciones impuestas por las fuerzas armadas, un mismo hombre, Napoleón Duarte, ejerció el poder durante el periodo de la guerra civil. Al ser parte activa de los conflictos y contar con el respaldo de Estados Unidos para su lucha en contra de los revolucionarios y para limitar la influencia política de las fuerzas armadas y de los grupos de extrema derecha, el gobierno de El Salvador constituyó sin duda el principal aliado de Washington en la región. El gobierno salvadoreño difícilmente podía sobrevivir sin el apoyo económico, político y militar de Estados Unidos.

Por otra parte, la reacción inicial del gobierno de El Salvador ante la iniciativa de paz de Contadora, de la que México era parte importante, necesariamente tenía que ser vista con recelo. Frescos aún estaban los recuerdos del comunicado mexicano-francés de agosto de 1981, que había significado un reconocimiento defacto al movimiento revolucionario salvadoreño. La presencia en Contadora del gobierno democristiano venezolano de Luis Herrera Campins fue, sin duda, la razón que permitió al gobierno salvadoreño de Napoleón Duarte superar la desconfianza inicial hacia el grupo pacificador.

Durante las primeras consultas informales de Contadora, surge como preocupación primordial de El Salvador el problema del tráfico de armas a través de las fronteras entre los países. Esto era natural, dado que las guerrillas salvadoreñas se abastecían de armas, en medida importante, desde el exterior, principalmente a través de Nicaragua. En el transcurso de las negociaciones, El Salvador mantendrá su interés en el tema del tráfico de armas; aceptará más de forma que de fondo la tesis sobre reconciliación nacional interna, pero pondrá fuertes obstáculos en los temas concernientes al equilibrio regional de fuerzas militares y a la presencia militar extranjera de la región.

No obstante y a pesar de ser por necesidad mayor el principal aliado de Estados Unidos en la región, el gobierno de El Salvador no asume liderazgo alguno en el proceso de negociaciones en el marco de Contadora. Más bien se conforma con seguir los lincamientos y las tácticas sugeridas por Honduras y Costa Rica. Tal vez este afán de no querer sobresalir como protagonista en las negociaciones encuentre su explicación en el hecho ya mencionado de que, a diferencia de Honduras y de Costa Rica, El Salvador enfrenta los conflictos dentro de su propia casa y en esa medida no tiene la suficiente legitimidad para fungir como líder del grupo.

En diciembre de 1983, El Salvador sigue el liderazgo de Honduras y asiste a una reunión convocada por Tegucigalpa para redactar una especie de contrapropuesta al documento de Contadora, Objetivos básicos para la pacificación en Centroaménca (véase la tercera parte), que tiene como resultado el retraso de las negociaciones por un mes. En octubre de 1984, otra vez bajo el liderazgo de Honduras, El Salvador asiste a Tegucigalpa para redactar nuevas enmiendas al Acta revisada de Contadora, en otra clara maniobra para retrasar las negociaciones. En esta ocasión firma, junto con Costa Rica y Honduras, el Documento de Tegucigalpa. El 18 de enero de 1985, El Salvador anuncia, un día después que Honduras, que no participará en la reunión convocada por Contadora en solidaridad con Costa Rica, país que, como se ha visto en páginas atrás, había condicionado su propia asistencia al arreglo de un diferendo bilateral con Nicaragua.

Con posterioridad, al iniciarse el periodo de negociaciones de Contadora para asumir compromisos políticos, una vez superada la primera etapa denominada “técnica”, el gobierno de El Salvador mantendrá sus tácticas dilatorias. En la reunión del 11 y 12 de abril de 1985,convocada para tratar el asunto de la Comisión de Verificación y Control en Materia de Seguridad a la luz de los replanteamientos contenidos en el Documento de Tegucigalpa, no obstante que Costa Rica, Guatemala y hasta la propia Nicaragua aprueban sin reservas la propuesta, El Salvador y Honduras la aprueban, pero reservándose la consideración de estos acuerdos a la luz de la negociación final del conjunto del Acta. Adicionalmente, el gobierno de El Salvador va a enviar con posterioridad una serie de observaciones sobre el documento ya aprobado en principio, replanteando asuntos centrales que ya habían sido superados en la reunión.⁷⁴

En la reunión del 14 al 1 6 de mayo siguiente, El Salvador, junto con Honduras, es uno de los gobiernos que con mayor énfasis subraya el tema de la carrera armamentista y su reducción como el central de las negociaciones. El Salvador incluso llega al punto de introducir en las negociaciones una nueva tesis o interpretación respecto del equilibrio de fuerzas militares en la región. La nueva tesis salvadoreña significa que unos países deberán reducir sus armamentos mientras que otros tendrán el derecho a incrementarlos. Esta tesis se explica no sólo en función de una directriz emanada de Washington en relación con Nicaragua, sino también en virtud del temor de El Salvador frente al desarrollo militar de Honduras, su rival tradicional, con el cual subsistían las divergencias heredadas del conflicto armado de 1969.⁷⁵

Es importante subrayar también, en otro orden de cosas, que las fuerzas armadas salvadoreñas al parecer brindaron apoyo logístico y material al grupo guerrillero de Edén Pastora.⁷⁶ De ser ciertos estos informes, significaría que mientras las fuerzas armadas hondurenas apoyaban a los “contras” del frente norte, las de El Salvador lo hacían con las de la Arde del frente sur. Con ello, El Salvador esperaba, al parecer, en caso de un eventual derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua, no verse prensado a futuro entre dos países con regímenes que no le eran amistosos.

En resumen, puede decirse que El Salvador, junto con Honduras, fue el aliado principal de Estados Unidos en la región. Ambos, siguiendo en parte directrices de Washington, fueron los gobiernos que mayores obstáculos pusieron en el proceso de negociaciones de Contadora. Sin embargo, la posición del gobierno de El Salvador tendió a reflejar también, en medida importante, sus propias preocupaciones, emanadas de ser parte de una guerra civil, de actuar bajo la presión de sus propias fuerzas armadas y las agrupaciones políticas de la extrema derecha y de su tradicional rivalidad con Honduras.

La reacción del gobierno guatemalteco ante el triunfo de la revolución en Nicaragua y el surgimiento de la guerra civil en El Salvador fue de gran preocupación, pues desde su punto de vista significaban un claro avance del radicalismo de izquierda en territorio de Centroamérica. Por otra parte, la posibilidad de que dichos movimientos revolucionarios establecieran una conexión de apoyo con las guerrillas guatemaltecas constituía un temor más inmediato y cercano. De aquí que la posición que Guatemala asumiera originalmente ante el nuevo gobierno revolucionario de Nicaragua fuera más bien cautelosa y discreta. Por ejemplo, Guatemala se abstuvo de condenar al gobierno sandinista. Tampoco participó en las acciones encaminadas a aislar a Nicaragua propiciadas por Washington y, por el contrario, siguió manteniendo con ella un importante intercambio comercial.

La actitud de Guatemala se explica también por el hecho de que la administración de Carter la había acusado reiteradamente de falta de respeto a los derechos humanos y le había suspendido, en consecuencia, los programas de ayuda militar. Ni siquiera con la llegada al poder de Reagan, que creó falsas expectativas en el gobierno de Guatemala, cambió esta situación. Por el contrario, la condena a Guatemala por parte de Washington se hizo más explícita. Reagan se abstuvo de levantar el embargo de armas a Guatemala y ésta se vio excluida tanto de la Comunidad Democrática Centroamericana como del Foro proPaz y Democracia, por considerarse que no satisfacía los requisitos para ser considerada un país democrático.

Por su parte, en México Miguel de la Madrid, ya como presidente electo, promete esforzarse “por recobrar y mantener una relación de amistad” con Guatemala, que al tiempo que mantenga el respeto al derecho de asilo, evite que desde territorio mexicano se emprendan acciones políticas que afecten su estabilidad.⁷⁷ En consecuencia, la actitud que asume Guatemala desde los inicios mismos de las gestiones de paz de Contadora es positiva, aunque moderada. Si bien se advierte un cierto deseo inicial de Guatemala por conservar su tradicional liderazgo histórico sobre la región, por otra parte adopta gradualmente una posición de distancia prudente frente a los conflictos y una neutralidad discreta ante las posiciones encontradas de los otros países. La preocupación que Guatemala expresa como primordial durante las primeras consultas informales de Contadora es la de la necesidad de preservar la unidad centroamericana. Con la llegada al poder de Óscar Humberto Mejía Víctores, en agosto de 1983, y de Fernando Andrade a la cancillería, esta posición de Guatemala se hará aún más patente.

Hacia finales de septiembre de 1984, cuando Estados Unidos, ante el anuncio de Nicaragua de estar dispuesta a firmar el Acta de Paz de Contadora, decide ejercer presiones sobre los otros cuatro países centroamericanos para que se abstengan de aprobarla, Guatemala opta por mantener su actitud de neutralidad y conciliación.⁷⁸ Convocada junto con Costa Rica y El Salvador por el gobierno de Honduras para revisar una vez más el Acta de Contadora, Guatemala da a conocer su intención de no querer desempeñar ningún papel activo para tratar de modificar el Acta en un sentido o en otro y declara, por voz de suembajador en Washington, Federico Fahsen, que aceptará el veredicto de los otros cuatro países: Si vamos a firmar algo, tenemos que ser todos, los cinco países”.⁷⁹ En consecuencia, Guatemala se abstiene de firmar el Documento de Tegucigalpa, del 20 de octubre de 1984, que contiene las sugerencias de modificaciones al Acta de Contadora por parte de Costa Rica, El Salvador y Honduras.

La actitud de Guatemala causa sorpresa en todas partes pues su gobierno era considerado como el más conservador de Centroamérica. En los medios informativos se trata de encontrar una explicación a esta actitud y surgen varias hipótesis. Unos piensan que el gobierno de Guatemala está resentido por las continuas acusaciones norteamericanas en cuanto a violaciones de su parte de los derechos humanos; otros interpretan que la actitud de Guatemala se debe a la falta de decisión de Washington para restablecer el suministro de armas al ejército guatemalteco, y otros más ven en el gobierno de Guatemala la necesidad de buscar un acercamiento con México a efecto de que éste sea menos tolerante en cuanto al uso de su territorio como santuario de los guerrilleros.⁸⁰ Pero sea cual fuere la verdadera razón, el caso es que Guatemala con su actitud rompió la unidad del “Grupo de los Cuatro” y dio nuevos bríos a los esfuerzos de Contadora. Todo ello en momentos en que Washington alababa el Documento de Tegucigalpa, calificándolo de paso constructivo hacia la solución de los conflictos de Centroamérica.

En diciembre de 1984 el presidente colombiano Betancur, un día después de reunirse en México con su homólogo De la Madrid, viaja a Guatemala para entrevistarse con el presidente Mejía Víctores. Al término de la entrevista los dos mandatarios emiten un comunicado conjunto por medio del cual exhortan a todos los países involucrados a que apliquen “desde ahora” los acuerdos previstos por el Acta de Contadora.⁸¹

En enero de 1985, en una nueva maniobra para retrasar la discusióndel Acta revisada de Contadora que parece llevar implícitos valores entendidos con Estados Unidos, Costa Rica condiciona su participaciónen las negociaciones al arreglo del diferendo bilateral con Nicaraguarelativo a la devolución del asilado nicaragüense. En esa ocasión, comoha quedado asentado en la tercera parte, El Salvador y Honduras hacencausa común con Costa Rica y anuncian que no participarán en la siguiente reunión de Contadora en solidaridad con el gobierno costarricense. Sin embargo, Guatemala una vez más mantiene su discreta neutralidad, absteniéndose de tomar partido y de siquiera pronunciarse.

Finalmente, Guatemala se apartará aún más del Grupo de Tegucigalpa y de Estados Unidos, al abstenerse de apoyar el bloqueo económico total decretado por Washington en contra de Nicaragua enmayo de 1985. 82 En consecuencia, el intercambio comercial entreGuatemala y Nicaragua siguió fluyendo, no obstante que para entonces, según estimaciones extraoficiales, la deuda acumulada de Nicaragua con Guatemala ascendía a 100 millones de dólares. De ser ciertaesta cifra, Guatemala era, en ese momento, el principal acreedor latinoamericano de Nicaragua en términos per cápita, visto que para esasfechas las deudas con Venezuela y México ascendían a 80 millones y450 millones de dólares respectivamente.

Como vecino directo tanto de Nicaragua como de El Salvador, a Honduras le tocó resentir los efectos indirectos de dos revoluciones. Uno delos más importantes fue recibir la migración de civiles tanto nicaragüenses como salvadoreños desplazados por la violencia. Sin embargo, la principal consecuencia para Honduras, resultante de las guerras internas centroamericanas, fue el repliegue de la Guardia Nacional somo-cista hacia su territorio tras la victoria de los sandinistas en 1979. Lapresencia de esos contingentes en la frontera con Nicaragua, calculadosinicialmente entre 4 000 y 4 500 hombres, sirvieron de base a EstadosUnidos para que, por medio de lacía, se fuera conformando a partir de1981 una fuerza militar de hostigamiento en contra del gobierno de Managua, que para 1985 se calculaba que contaba ya con 12 000 efectivos.

Por otra parte, Estados Unidos decidió convertir a Honduras en sucentro de operaciones militares en la región. Con ello se llenó el vacíodejado por su salida de Panamá, se brindó apoyo logístico y de reta­guardia tanto al ejército de El Salvador como a los “contras”, se evitóun desbordamiento de las revoluciones nicaragüense y salvadoreñahacia Honduras y sirvió como una demostración de fuerza permanente frente a Nicaragua y los revolucionarios salvadoreños. Para elloWashington instaló en territorio hondureno bases, escuelas de entrenamiento, aeródromos militares y envió una fuerza calculada en sumáximo grado de poderío de 30 000 hombres. Estos llevaron a cabosimulacros conjuntos con el ejército hondureno con gran frecuencia.

A cambio de todo ello, Honduras obtuvo la protección que significaba la presencia militar norteamericana en su territorio, ayuda económica para paliar su situación y asistencia militar para modernizar yfortalecer sus fuerzas armadas. Gradualmente, Honduras se fue involucrando en conflictos que le eran ajenos, aunque no distantes, al grado de convertirse, junto con El Salvador, en el principal aliado de Estados Unidos en la región.

Durante las primeras consultas informales con los representantesde Contadora, Honduras manifestó como principal preocupación elproblema de los refugiados. Más tarde, como era lógico, Hondurassubrayó el problema del destino de las fuerzas irregulares una vez desarmadas. Honduras temía que una vez firmada el Acta de Paz deContadora quedara con el problema de tener 12 000 “contras” dentrode su territorio. Es más, durante las pláticas de Manzanillo Hondurasexpresó a Washington su temor de que Estados Unidos llegara a unafórmula de arreglo con Managua por fuera de Contadora y en consecuencia encontrarse de pronto, con los “contras” dentro de su territorio, sin la presencia militar norteamericana y, además, sin la ayudaeconómica y militar.⁸³

Esto lleva a Tegucigalpa a tratar de negociar un acuerdo con Washington mediante el cual éste se comprometa bilateralmente a garantizar la seguridad nacional de Honduras. El temor de Tegucigalpa no era nada más en cuanto a los “contras”. Teme, además, que en caso de un arreglo pacífico global, el ejército de El Salvador, ampliamente modernizado y fortalecido por Estados Unidos, sea utilizado en su contra para resolver por medio de la fuerza el conflicto fronterizo que había sido causa de la guerra de 1969. Un tratado de paz que ambos países firmaron en 1980 establecía que la frontera debía quedar delimitada y demarcada antes de que finalizara 1985. En caso contrario, el veredicto final de la disputa quedaría en manos del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Al no haber llegado a un arreglo bilateral hacia mediados de 1985, Honduras se preparaba para activar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia.⁸⁴

La preocupación de Honduras en relación con las pláticas de Manzanillo entre Washington y Managua fue una de las razones, según el subsecretario de Estado Motley, para que Estados Unidos las suspendiera.⁸⁵ Sin embargo, Honduras no logró obtener el acuerdo bilateral de garantía a su seguridad nacional de parte de Washington. Logró únicamente la firma de una declaración conjunta de los presidentes Reagan y Zuazo Córdova en la cual se afirmaba que Estados Unidos “adoptará las medidas apropiadas” en respaldo de los esfuerzos de Honduras “para defender su soberanía y su integridad territorial de la agresión comunista”.⁸⁶ Estas obligaciones, en realidad, no iban más allá de las estipulaciones del Tratado de Río de Janeiro (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947). Sin embargo, en el campo de la ayuda económica y militar, Honduras obtuvo mayores recursos.⁸⁷

Por lo demás y como se ha visto en el inciso relativo a El Salvador, Honduras y El Salvador fueron los gobiernos que mayores obstáculospusieron al proceso de negociaciones de Contadora, haciendo uso de tácticas dilatorias y reabriendo el debate sobre temas ya aprobados en principio.

Nicaragua fue el caso especial dentro del proceso de negociaciones de Contadora. Nicaragua, con su revolución, fue el país que alteró el statu quo regional y por lo tanto era el perseguido político de los demás países de Centroamérica, con excepción, en cierta medida, de Guatemala. Para los demás países de Centroamérica, el gobierno revolucionario nicaragüense constituía una amenaza para la seguridad regional que era necesario eliminar. De aquí entonces la importancia que Contadora tuvo para el gobierno sandinista, pues en gran medida significó su mejor opción de supervivencia. Así se explica también que Nicaragua fuera el gobierno que mayormente se hubiera plegado a los criterios de Contadora y que hubiera aceptado también, resignadamente, el gran número de revisiones al proyecto de Acta de Paz de parte de los otros países.

Sin embargo, Nicaragua desconfió un tanto, en un principio, de la gestión de Contadora. Temía quedar en abierta desventaja por ser una sola frente al resto. Se sentía más cómoda actuando en el marco de las Naciones Unidas, en donde podía contar con el apoyo de una mayoría integrada por el bloque socialista y el grupo de países no alineados, a más de un buen número de países latinoamericanos. Contadora logró convencer a Nicaragua de que una gestión de paz en el marco de las Naciones Unidas era inútil. En el Consejo de Seguridad el veto de Estados Unidos la bloquearía y en la Asamblea General la gestión se empantanaría en estériles discusiones. Además, se contaminaría de la confrontación Este-Oeste, algo que justamente había que evitar para hacer viables las negociaciones. Además, los otros países centroamericanos no aceptaban a las Naciones Unidas como el marco adecuado, y daban preferencia a la Organización de los Estados Americanos, en la que esperaban contar con el apoyo de la mayoría de sus miembros.

Por otra parte, el temor de ser una sola contra el resto condujo aNicaragua a la posición de que las conversaciones auspiciadas porContadora debían llevarse a cabo separadamente, en forma bilateral, con cada uno de sus vecinos. Mientras tanto, los países restantes deseaban que las conversaciones se celebraran conjuntamente. Se gene­ró con ello un conflicto entre el enfoque global y el casuístico. Sin embargo, Nicaragua logró convencerse de que los países de Contadoraeran garantes confiables de que las negociaciones se celebraran bajoun espíritu de objetividad y equilibrio, por lo que finalmente aceptaque el enfoque de las discusiones sea global y que éstas se lleven a caboen forma conjunta.⁸⁸

En resumen, Nicaragua aceptó privilegiar a Contadora sobre lasNaciones Unidas, al enfoque global sobre el casuístico y a las conversaciones conjuntas frente a las bilaterales. Con posterioridad, el 21 deseptiembre de 1984, después de un largo proceso de negociaciones, Nicaragua anunció unilateralmente su disposición para firmar el Actarevisada de Contadora sin más modificaciones. Esta decisión, comose ha visto en páginas precedentes, generó una reacción negativa enEstados Unidos y en Costa Rica, El Salvador y Honduras. En consecuencia, estos tres últimos países redactaron todo un documento connuevas adiciones y modificaciones al Acta revisada de Contadora. Noobstante y con protestas de su parte, Nicaragua aceptó volver a lamesa de negociaciones para discutir las nuevas modificaciones al proyecto del Acta de Paz. Sin embargo, a principios de enero de 1985,Costa Rica acusó al gobierno de Nicaragua de haber sacado por lafuerza de su embajada en Managua a un ciudadano nicaragüense quese encontraba asilado en ella y condicionó su participación en las negociaciones de Contadora a la devolución de dicho asilado. Con posterioridad, Nicaragua libera al ciudadano en cuestión y el proceso denegociaciones se reanuda a mediados de abril siguiente.

Mientras tanto y como gesto para demostrar la seriedad de sus intenciones respecto a las negociaciones de Contadora, Nicaragua decide, unilateralmente, adelantarse en la ejecución de algunos de loscompromisos adquiridos. El 10 de enero de 1985, en su discurso detoma de posesión como presidente de Nicaragua, Daniel Ortega anuncia la elaboración por parte de la Asamblea Legislativa de una constitución de carácter pluralista. Por otro lado, anuncia una amnistía general que alcanza incluso a los militares de la oposición armada que estuvieran dispuestos a deponer las armas.⁸⁹

Sin embargo, el 18 de enero Washington anuncia su “retiro temporal” de las conversaciones de Manzanillo. No obstante, o debido a ello, el gobierno de Managua decide una vez más, como gesto conciliatorio, adelantarse unilateralmente en el cumplimiento parcial de varios de los acuerdos de Contadora: el 27 de febrero congela sus compras de armamentos a los países socialistas, retira de su territorio a 100 asesores militares cubanos e invita a una comisión bipartidaria de Estados Unidos a que compruebe in situ el carácter defensivo de sus instalaciones militares.

Por su parte, la administración norteamericana hace caso omiso de estos gestos conciliatorios de Nicaragua y continúa escalando en sus presiones en contra del gobierno sandinista. El propio presidente Reagan se ocupa de conducir personalmente la campaña final para persuadir al Congreso estadunidense de descongelar la ayuda a los “contras”. El monto de la ayuda, 14 millones de dólares, era poco significativo. La importancia del voto del Congreso radicaba más bien en que un eventual rechazo significaría deslegitimar la política de la administración. Pero a pesar de los esfuerzos del ejecutivo norteamericano, la Cámara de Representantes no aprueba finalmente, el 24 de abril, la propuesta de Reagan.⁹⁰ Como reacción a su derrota, Reagan decide pocos días después declarar un bloqueo comercial total a Nicaragua.⁹¹ La medida no requiere la aprobación del Congreso, pues se funda en la Ley de Poderes Económicos del presidente en caso de emergencia internacional.

Sin embargo, el hecho de que la votación de la Cámara de Representantes coincidiera con un viaje de Daniel Ortega a La Habana y aMoscú empieza a socavar el ánimo de la mayoría de los miembros dedicha Cámara en cuanto a su decisión de rechazo a la ayuda para los“contras”. Para algunos observadores, el viaje de Ortega pudo haber sido resultado simplemente de un compromiso programado con ante­rioridad, pero su coincidencia con la votación de la Cámara de Representantes generó un amplio malestar dentro del Congreso norteamericano.⁹² Este malestar aumentó al conocerse el resultado de la entrevista de Ortega en Moscú con el líder soviético Gorbachov, que en opinión de observadores produjo un respaldo político a Nicaragua sin precedentes.⁹³ En consecuencia, en una nueva votación llevada a cabo el12 de junio, la Cámara de Representantes aprueba la ayuda a los ‘contras”, elevando la cantidad en forma significativa. Ante esta situación, el gobierno de Nicaragua decide suspender las restricciones autoimpuestas el 27 de febrero en materia de adquisición de armamentos de los países socialistas y de recepción de asesores militares extranjeros.

Con anterioridad a estos acontecimientos, la posición de Nicaragua en las reuniones de Contadora de abril y mayo de 1985 había sido la siguiente: el viceministro Víctor Hugo Tinoco señala que el proceso de afinamiento del Acta se había convertido, de hecho, en una continua introducción de modificaciones en áreas substantivas. De aquí que su país no pudiera pronunciarse sobre temas aislados hasta no conocer el producto final de la negociación.

Por otra parte, Nicaragua rechaza la idea de un “equilibrio militar regional” que no tome en cuenta la presencia de Estados Unidos en la región y la naturaleza de sus alianzas con países centroamericanos. Era evidente que Nicaragua no aceptaría avanzar en la negociación sobre la carrera armamentista si en contrapartida no se le hacían concesiones en otras áreas.

Sin embargo, las prioridades militares de Nicaragua parecían haberse invertido para esas fechas, al menos en términos relativos. La ayuda soviética, en particular la recibida en noviembre de 1984, le había permitido enfrentar con éxito la guerra irregular. Paradójicamente, las nuevas tensiones con Honduras que surgen en esas fechas son resultado de la ofensiva del ejército popular sandinista que lleva a los “contras” a replegarse hacia la frontera hondurena después de haber llegado acontrolar espacios operativos en territorio nicaragüense. En ese contexto debe considerarse la propuesta de Nicaragua para que los ejércitos de ambos países realicen un patrullaje conjunto en la frontera y se atienda el problema humanitario de los “contras”, mediante la participación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del Comité Internacional de la Cruz Roja, en adición a la amnistía decretada por el gobierno en enero anterior.

Nicaragua manifiesta también su preocupación por el suministro de proyectiles antiaéreos a las fuerzas opositoras, que dota por prime­ra vez a grupos irregulares en Centroamérica de armas sofisticadas y supone, de hecho, una nueva fase de la carrera armamentista. Por otra parte, era obvio que el asunto relativo a las maniobras militares inter­nacionales resultaba prioritario para Nicaragua. De aquí que fuera previsible que ésta insistiera en la necesidad de su proscripción inmediata y no gradual como proponía la contraparte.

Por lo que respecta a los asuntos políticos, la posición de Nicaragua era la de aceptar el compromiso del Acta relativo al diálogo con grupos opositores. Sin embargo, señalaba que la reconciliación nacional sólo era posible con aquellos grupos “que no se encuentren involucrados en actos de agresión ni en acciones militares o paramilitares promovidas por una potencia extranjera y prohibidos por el Derecho Internacional”.⁹⁴ Nicaragua declara que su voluntad de cumplir este compromiso está demostrada por la negociación con el grupo Misurasata y el diálogo con la Iglesia.

Tal planteamiento motiva a que Costa Rica y El Salvador insistan en la solución política de lo que denominan “conflicto interno nicaragüense”.⁹⁵ En ese mismo sentido subrayan que las dificultades que tienen con Nicaragua son, en realidad, “la manifestación externa de una crisis interna” y que ésta requiere el diálogo y la negociación, de mane­ra similar a la política seguida por el gobierno del presidente Duarte en El Salvador.⁹⁶

En resumen, hacia mediados de 1985, antes de celebrarse la reunión de Contadora programada para el 18 de junio, la posición de Nicaragua se había endurecido, tanto por la inflexibilidad en las negociaciones por parte de Costa Rica, El Salvador y Honduras, como por la nueva escalada en las presiones norteamericanas, particularmente la ayuda aprobada para la Fuerza Democrática Nicaragüense (fdn).