República Dominicana reconoce de forma explícita, en su Constitución Política de 2010, el derecho a la alimentación, señalando en su artículo 61 sobre el derecho a la salud, que el Estado debe velar por la salud de todas las personas, el acceso al agua potable y el “mejoramiento a la alimentación”; lo cual se ve complementado por el artículo 54 sobre seguridad alimentaria, el cual posiciona al Estado como proveedor de los medios necesarios para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, para aumentar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.
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