MOVIMIENTO SINDICAL EN COLOMBIA Y TRABAJO SOCIAL LABORAL Jose Luis Rivera García1 Resumen Este ensayo pretende ser una aproximación a los aspectos más relevantes de la relación entre los movimientos sindicales en Colombia y el trabajo social laboral. Para ello primero se revisan los planteamientos teóricos-metodológicos que acercan al trabajo social con los movimientos sociales. Segundo, se hace un breve recorrido histórico de sindicalismo como movimiento social en Colombia. En tercer lugar se contrastan las últimas líneas teóricas sobre trabajo social empresarial y de las relaciones laborales frente a la propuesta del trabajo social laboral y la participación social, afirmando este último como el ámbito idóneo para el aporte del quehacer profesional a los movimientos sindicales. Finalmente se plantean algunos retos de la profesión con respecto a la importancia del movimiento sindical en la participación social. Trabajo social y movimientos sociales Frente a las transformaciones que viene sufriendo el sistema económico global, el capitalismo entra en una nueva crisis para reacomodar su dominio en el mundo. Fraser (2012), citado por García Escamilla, Guitierrez Zornoza & Maldonado Lozano (2016), afirma que existe una crisis multidimensional y sistémica del capitalismo, analiza cuatro: económica, social, política y ecológica. En la dimensión económica se destaca la reducción del gasto público, la disminución de posibilidades de empleo digno, la crisis financiera; en la dimensión social el quiebre de los lazos sociales propios de la sociedad salarial (Castels, 1997) y de los vínculos comunitarios y de pertenencia (Paugman, 2007), con lo que las formas de asociatividad alternativas quedan expuestas a desaparecer. En lo ecológico por la sobreexplotación de los recursos naturales y en la política por la el cuestionamiento a la democracia representativa al acallar las voces populares no vinculadas a elites gobernantes. El contexto que presentan las autoras muestra que el Trabajo Social hoy debe pensarse de acuerdo al develamiento de la desigualdad, la injusticia y la opresión que la crisis multidimensional del capitalismo ocasiona por sobre las amplias masas que constituyen las sociedades contemporáneas. Garcia Escalamilla; et.al. (2016) traen a colación los planteamientos de Sousa Santos (2006) para esbozar los diferentes escenarios en que las relaciones de poder-dominación en las sociedades contemporáneas se desenvuelven, a saber; el espacio-tiempo doméstico, que explica las relaciones sociales en las familias, en las cuales se impone la institución del patriarcado; el espacio-tiempo de la producción y la mercancía, en el que se evidencia la explotación en la forma desigual de distribución de trabajo y capital y de los recursos por una lado y el fetichismo de la mercancía por el otro, el espaciotiempo de la comunidad, que establece la identidad como exclusión y la diferencia como exclusión en sociedades plurales; el espacio-tiempo mundial, en la distribución desigual del sistema mundo (centro, semi-periferia y periferia). Los movimientos sociales buscan la sustentabilidad, la igualdad, la justicia y la libertad enmarcadas en los desafíos que presentan las sociedades hoy. Así existen movimientos ambientalistas, movimientos de multiculturales, civiles, sindicales, campesinos, feministas que buscan superar las relaciones de poder que obstaculizan la vivencia y materialización de estos valores. Esto es posible a partir de la participación social, en la que como sujetos sociales los movimientos pueden tomar parte de las decisiones para construir un proyecto de sociedad no hegemónico que parta de aporte sustancial del discurso y la práctica de los sectores históricamente marginados y silenciados. Esta perspectiva la comparten diversos autores que han estudiado la dimensión ético-política de Trabajo Social como Jose Paulo Netto, María Lucia Barroco, Norma Fóscolo y Nora Aquin. Marcos Chinchilla (2005) por su parte plantea que la acción colectiva es el concepto clave para abordar los las acciones reivindicatorias, pues acoge tanto a movimientos sociales que se sostienen en el tiempo como a las manifestaciones, no menos importantes, que aparecen en momentos coyunturales y luego se disuelven. Propone que el quehacer profesional con los movimientos sociales está relacionado a las convicciones y principios que persiguen ambos, siempre que coincidan, esto es, cuando el trabajo social ha seguido de cerca estas manifestaciones en tanto se ha propuesto la justicia social y la dignidad como horizontes teleológicos. La participación social activa implica para Chincilla (2005) (…) un proceso político que contempla conocer los problemas que afectan a la sociedad, identificar las soluciones, plantear y desarrollar acciones en torno a su solución y hasta evaluar la efectividad de las mismas. La participación social permitirá 1 Estudiante de IIIV semestre Trabajo Social. Universidad del Quindío. Área: Trabajo Social Laboral. Octubre de 2016. potenciar las capacidades políticas de las personas, grupos, comunidades y sociedad en general para acceder al poder político y participar activamente en la definición de un proyecto de sociedad socialmente inclusivo. Para el autor es la participación social el elemento esencial en las acciones conjuntas que persiguen los trabajadores sociales y las acciones colectivas, pues constituyen la base de procesos sociales significativos, en la medida en que los adelantan sujetos conscientes de sus propios derechos y de la necesidad de organizarse para defenderlos por las vías democráticas legitimas. Conflicto, movimiento sindical y participación social. La historia de la economía política enmarca un antagonismo clasista permanente a pesar de las transformaciones en los modos de producción. El Capitalismo por supuesto no está desprovisto de estos antagonismos evidenciados en la lucha de clases, un conflicto inherente a la vida social que se expresa en la puga de intereses contrapuestos, de los cuales surgen los movimientos sociales y las acciones colectivas como vías para la emancipación. Los movimientos sociales buscan el reconocimiento y la reivindicación de sus demandas y derechos, el sindicalismo es un movimiento social particular que surge seguido de la aparición del trabajo asalariado. Con la Revolución Industrial hay un desarrollo tecnológico sin precedentes, a la vez que la desigualdad toma nuevas formas, se acentúa y se trata como cuestión social. En este marco surgen las primeras organizaciones obreras que derivarían en sindicatos, las cuales a través de las huelgas como forma de protesta y presión, abogaban por la defensa de mejores condiciones de vida y trabajo. La participación social es la categoría clave para comprender las acciones de los movimientos sociales sindicales y su importancia para el cambio social. En Colombia los antecedentes de organizaciones de trabajadores se remontan a 1847, cuando la Sociedad de artesanos de Bogotá se creó con el fin de exigir el alza de impuestos a productos importados para que los productos domésticos pudieran competir en igualdad de condiciones en el mercado interno. Desapareció luego de que los reclamos se tornaran violentos y se desatara una guerra civil. (Banco de la Republica, 2015). Así lo esboza Hernandez (2004): “Entre 1863 y 1885, hubo cualquier cantidad de insurrecciones (…) que fueron verdaderas contiendas fratricidas, causantes de desangre económico y la pérdida de valiosísimas vidas humanas, todo producto de una confrontación acentuada por la ausencia de canales de comunicación” (p.65) Por lo anterior se puede afirmar que el surgimiento de organizaciones sindicales y gremiales en el país no estuvo exento de conflictos que muchas veces condujeron a actos violentos en los que patronos y obreros asistían como actores antagónicos, mientras el Estado daba la espalda a los reclamos, muchas veces interviniendo de forma bélica más que conciliatoria, agravando la situación. Sin embargo otras asociaciones que surgieron entre 1883 y 1920 no eran propiamente sindicales, sino de apoyo mutuo y auxilio, como asegura Hernandez (2004), pues estaban todavía “lejos de servir como instrumentos de reivindicación y bienestar” (p.65) Ya a principios del siglo XX aparecen las primeras industrias en Colombia y con ellas los sindicatos. Sin embargo para las décadas de 1910 y 1920 no había aun en el país legislación sobre el tema, por lo cual los movimientos sindicales quedaban desprotegidos, pues no estaban autorizados ni eran reconocidos por el ordenamiento jurídico oficial de ese entonces. Quienes osaban conformar sindicatos y promover huelgas para declarar las inconformidades con respecto al salario, las relaciones laborales y las condiciones de vida eran despedidos, encarcelados o en el peor de los casos, como ocurrió hacia 1928 en la conocida Masacre de las Bananeras, asesinados, pues tales manifestaciones eran vistas como obstaculizadoras del desarrollo productivo. El Sindicato de Tipógrafos de Bogotá recibió personería jurídica, contando con el primer reconocimiento oficial en 1906. Después de este siguieron otros reconocimientos como el del Sindicato de Artesanos de Sansón, Antioquía (1909), la Sociedad de Artesanos de Cartagena y la Sociedad de Artesanos “Gremios Unidos” de Cúcuta (1910), la Unión Obrera de Colombia (1913), el Sindicato Central Obrero (1916) - que logró convocar varios congresos obreros nacionales- y la Unión General de braceros de Barranquilla (1920). Ya en 1930 se reconocieron otros más que sumaron noventainueve sindicatos (Hernandez, 2004, p.70). En 1935 se formó la primera central obrera, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, nombrada Confederación Sindical de Trabajadores (CST) y después Confederación de Trabajadores de Colombia. Hernandez (2004) en su texto “El Sindicalismo en Colombia” afirma que fue en este mismo gobierno de López (19341938) en que se adelantaron algunas reformas liberales que ponían en el centro del debate la cuestión social, por lo cual aplicó medidas sociales, políticas y económicas bajo el slogan de la “Revolución en Marcha”. En medio del estallido social de la época, que venía creciendo desde los años veinte con luchas agrarias, indígenas y obreras se impulsaron cambios relevantes (p.104) como la Reforma Agraria, con la Ley 200 de 1936, que buscaba superar la desigualdad en la concentración de tierras, la reforma constitucional que acuñaba el concepto de función social de la propiedad en ese mismo año, y la entrada en vigencia de las primeras leyes que reconocían la creación de sindicatos con el derecho de asociación (Ley 83 de 1931), que estipulaban límites a la jornada laboral (Decreto 895 de 1934), así como el establecimiento de algunas prestaciones sociales a los trabajadores (Ley 10 de 1934). A pesar de los avances el sindicalismo solo se le reconoció el derecho a la huelga hasta 1979, con la Ley 26 de ese mismo año, que había incorporado el convenio 87 de 1948 de la OIT. A mediados del siglo XX durante el Frente Nacional ya se había consolidado el movimiento obrero, lo que caracterizó este periodo con un alto nivel de conflictividad laboral, en el que las huelgas presentaron un incremento considerable. Se destacaron protestas de los trabajadores de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, Manuelita y Riopaila, en 1959 por los bajos salarios y la alta concentración de industrias (p.186). En la década de 1960 se realizaron Convenciones Colectivas que dieron lugar a reclamos por los altos costos de vida y más pliegos petitorios, que tuvieron lugar en varias ciudades del país. Las huelgas de los trabajadores de “Coltejer” en Medellín y de la COLPET llegaron a reunir entre 5000 y 14000 obreros, la centrales obreras programaron paros nacionales y logro que el gobierno incluyera en sus cambios normativos prebendas para los trabajadores, como la ampliación de fuero sindical, la regulación de despidos unilaterales, indemnizaciones, pago de dominicales, etc. Empero la respuesta de gobierno antes de ceder fueron en su mayoría represivas, dejando saldos de obreros muertos en protestas o procesados en juicios ordinarios (p.187). Se abrían en ese entonces los debates en torno a la politización de los sindicatos, que en ocasiones servían como brazo político de algunos gobiernos- lo que neutralizaba su acción- o de base social para la acumulación de poder por parte de ideólogos comunistas radicales, que imprimían un corte más revolucionario que reivindicativo (p.190) en las organizaciones de trabajadores. Como fuerza política independiente lograrían establecer dialogo directo con el Gobierno para que atendieran sus legítimos reclamos, sin tener que acudir a la alianza con partidos políticos. Es necesario destacar que el auge de los movimientos sindicales se mantuvo más o menos estable hasta 1990 pues, como lo asevera Zuñiga (2012), el escalamiento del conflicto armado interno y las políticas estatales incidieron en su declive progresivo. El surgimiento de los grupos paramilitares en el país afecto seriamente el movimiento sindical, ya que para los jefes de estas organizaciones armadas “la simple sospecha de creación de un sindicato era motivo para ordenar los homicidios” (El Tiempo, 22 de agosto de 2011. En Zuñiga, 2012, p.195). La Escuela Nacional Sindical en 2005 informaba sobre la violencia generalizada hacia el movimiento sindical, publicando la cifra de 2515 sindicalistas asesinados desde hace 20 años y enfatizando que en Colombia se presentan más de la mitad de las muertes violentas de sindicalistas en el mundo debido a “la permanencia de una cultura antisindical que sigue catalogando al sindicalismo colombiano como connatural a la insurgencia y como un estorbo para el progreso económico de las empresas y el país.” (verdabierta.com, 2011. En Zúñiga, 2012, p. 196) Así el Estado colombiano, en ocasiones en colaboración con grupos paramilitares, o por acción propia pone peligro el ejercicio de toda actividad sindical en Colombia, pues ésta se ubica dentro de los tres países del mundo donde más ocurren violaciones a derechos humanos de líderes sindicales, que incluyen amenazas y desplazamiento forzado. El terror infundido por la violencia ha hecho que Colombia tenga una de las tasas más bajas de sindicalización. El debilitamiento de la organización le resta fuerza política a sus peticiones reivindicativas, y la excluye de la participación. Por otro lado las políticas estatales también han contribuido a su declive, “el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual prohibió la negociación entre los actores de la producción relacionadas con pensión” (Zúñiga, 2012, p. 198) niega el derecho de negociación colectiva de los sindicatos, para imponer medidas económicas y sociales que excluyen la participación de estos movimientos, a la postre, los más afectados. Borda y Velero (2003) citados por Zúñiga afirman que políticas estatales con respecto a los sindicatos generan un “desestimulo de la negociación colectiva y de la acción reivindicatoria de los sindicatos” (p, 198). Zúñiga asevera que éste desestimulo obedece a políticas antisindicales como el Decreto 2002 de 2002, el cual al declarar que miembros de los actores armados se esconden dentro de la población civil, “genera una idea colectiva de que el sindicalismo colombiano hace parte del conflicto como sujeto activo armado” (p, 198). José Vidal (2012) reconoce también que la acción sindical se enfrena a trabas administrativas para su reconocimiento oficial, ejemplificándolo con las 491 iniciativas rechazadas entre 2002 y 2007. Resalta también el hecho que Colombia es el único país de América Latina en el que el gobierno, de manera unilateral, puede disolver un sindicato. Para la Escuela Nacional Sindical, Luis Ríos Navarro (sf) indica que la tasa de sindicalización en Colombia a 2006 (4,60) es más baja que en época de la hegemonía conservadora y el sectarismo político (4,70). Este mismo autor asegura que esta situación se debe a “la aplicación de la flexibilización laboral y en especial con las formas de contratación de mano de obra a través de contratos civiles y cooperativos que disminuyen tanto el número, como la tasa de sindicalización” (p. 4). En el mismo sentido se pronuncia Álvaro Delgado (2001) -para fraseando a Hernando Torres (1994)- relacionando el problema de las políticas anti sindicalistas con el modelo económico. Con su proyecto de minimización del Estado y eliminación del sindicalismo, lo que el nuevo modelo económico mundial persigue en el mercado de trabajo libre es hacer que las decisiones y responsabilidades del contrato de trabajo recaigan exclusivamente en el trabajador individual Ese proyecto al que se refiere lo pone en evidencia en los intentos de reforma a las 50 de 1990 y 100 de 1993. Siguiendo con Torres (1994), ahora citado textualmente por Delgado (2001) Estos movimientos hacia el mercado aparecen rompiendo los principios clásicos de la normatividad laboral: reconocimiento de la desigualdad en las relaciones entre las fuerzas del capital y del trabajo, irrenunciabilidad de los derechos básicos de los trabajadores y protección "especial" a las relaciones generadas por los vínculos laborales (p, 47) La negociación colectiva, mecanismo por excelencia de la participación social de los sindicatos, se ve obstaculizada ya que la discusión se traslada a los contratos individuales, que niegan la discusión colectiva de los asuntos que preocupan todos los trabajadores, estableciendo relaciones obrero-patrono en contravía de la opción democrática. La situación actual indica que de las centrales sindicales más importantes, el 50% se concentra en la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la CGT (Confederación General de Trabajadores) y la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia), en las cuales la gran mayoría de los afiliados trabajan con el Estado, pues los empleados del sector privado cuentan con aún menos garantías para su sindicalización (Vidal, 2012). Trabajo Social Empresarial frente al Trabajo Social Laboral alternativo En principio las dos categorías se refieren a un mismo ámbito de acción profesional en trabajo social, sin embargo luego de la revisión de los distintos aportes de diferentes autores se encuentran las diferencias en la los principios que orientan el quehacer profesional en cada una. Para el caso del Trabajo Social Empresarial (TSE) Raya Diez & Caparrós Civera (2013) aseguran que La revisión bibliográfica realizada nos permite identificar como líneas de actividad del trabajador social de empresa, durante el periodo de desarrollo de la actividad en la misma, en torno a cuatro ámbitos de actuación como son: a) el de Salud en el Trabajo en colaboración con la unidad de Salud; b) el de Relaciones Laborales en colaboración con el área de personal; c) la atención a situaciones personales y familiares de los empleados,; d) en la proyección social de la empresa y la Responsabilidad Social Corporativa. Así, tras revisar los diferentes aportes de autores de TSE y acudiendo a algunos planteamientos críticos de Marx, se puede ver que su acción está delimitada por los intereses del capital, representado en el empresa, reducida la asistencia psicosocial de empleadores para evitar la abstención, adecuar las relaciones laborales y el denominado clima organización, diluyendo el conflicto en causas subjetivas solamente, reconocer y orientar las habilidades personales hacia el beneficio de la organización (explotar los aspectos individuales), procurar las condiciones laborales y de salud que le permitan a la empresa extraer la “plusvalía relativa“, en cuanto estas funciones corresponden al incremento de la productividad y el valor de lo producido, que no significa un incremento de los salarios de acuerdo al valor que adquiere el producto por el trabajo socialmente necesario para producirlo. Surge entonces la pregunta ¿a qué lógica debe responder el quehacer profesional en el área de empresarial? Es decir, su acción profesional debe estar en función de interés capitalista, esto es, en la gerencia de servicios sociales, que representa la reproducción misma de la organización (empresa) u orientada hacia la reivindicación de derechos laborales, en constante pugna frente a la apropiación de la riqueza, por parte de quienes poseen los medios de producción. Para el primer caso el área de desempeño de un profesional es el trabajo social empresarial, puesto que la vinculación contractual implica la subordinación en la jerarquía organizacional para la cumplir un rol y unas funciones ya establecidas, que generalmente no guardan relación con las discusiones académicas y gremiales que abordan aquellos aspectos teniendo en cuenta las dimensiones teóricas, metodológicas, éticas y políticas de la profesión. El encargo esta direccionado entonces por regulaciones internas que exigen de toda acción su realización entorno al mejoramiento de la productividad, lo cual se traduce en la generación de lucro. El cumplimiento de tales regulaciones legitima la intervención. Para el segundo caso la acción profesional se inscribe en relaciones de poder que se evidencian en el conflicto de clases. En tal lucha el reto se configura a partir del reconocimiento de la voz de los sujetos afectados por el accionar empresarial, proponiendo las vías que hagan posible el diálogo directo entre ellos y la dirección de la organización, para que se respeten los derechos en el marco de la justicia social, garantizado por el Estado social de derecho. Este a mi parecer es el que se puede denominar Trabajo Social Laboral alternativo (TSLa) que tendrá como horizonte teleológico la igualdad, la justicia social y la libertad que también orientan la acción de los trabajadores organizados en movimientos sindicales, por medio de la participación social. Retos del Trabajo Social Laboral con los Movimientos sindicales en Colombia Retomando los aspectos históricos y la problemáticas actuales que sufre el movimiento sindical en Colombia hoy es necesario afrontar desafíos como: 1. La producción académica relacionada con las acciones colectivas de los movimientos sociales como objeto de estudio del Trabajo Social. 2. La discusión sobre los principios y valores que orientan y los que deben orientar el quehacer profesional y su correspondencia con las demandas reivindicativas de los movimientos sociales 3. El aporte profesional del TSL en las luchas reivindicativas del movimiento sindical en Colombia, analizando las referencias metodológicas actuales o proponiendo unas alternativas, que capten la naturaleza del conflicto social, las transformaciones estructurales del sistema económico y las particularidades con que se expresa en los contextos locales. Estos desafíos, antes que buscar certezas sobre el asunto, apuntan a generar nuevas preguntas sobre el objeto de intervención y el proyecto ético-político en Trabajo Social, en particular para el ámbito de acción laboral. REFERENCIAS Chinchilla, Marcos (2005). “Acción colectiva e intervención profesional del Trabajo Social: límites y posibilidades para la construcción de ciudadanía”. Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social. El Trabajo Social crítico en el contexto latinoamericano, propuestas alternativas para la construcción de una nueva sociedad. Colombia, 2005. 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