La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este lunes de que la situación de esas garantías continúa deteriorándose en Nicaragua, con el gobierno adoptando políticas cada vez más represivas que aumentan el poder del Estado para castigar a la disidencia.

En una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos de su más reciente informe sobre ese país centroamericano, la Oficina destacó las capacidades de vigilancia y enjuiciamiento del gobierno sobre las actividades que considere motivadas políticamente, incluidas las redes sociales.

La alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, encargada de presentar el reporte, señaló que el gobierno también ha estado despojando a los ciudadanos de su nacionalidad y sus bienes, dejando a muchas personas en calidad de apátridas.

“En el país impera un clima represivo y de gran severidad”, dijo Nada Al Nashif.

Enmienda constitucional

El 22 de noviembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una enmienda a la Constitución que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidencia al de “copresidencia”, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa.

Asimismo establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la “estabilidad” del Estado.

Al Nashif indicó que estas reformas tienen el objeto de concentrar más poder en la presidencia y de tipificar como delito la voz de cualquier disidente.

“Esto merma aún más la democracia y ahonda la represión del espacio cívico, generando mayor ansiedad en Nicaragua, al igual que entre los nicaragüenses en el exilio”, abundó.

Detenciones arbitrarias y tortura

Continúan las detenciones arbitrarias de opositores políticos, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y figuras religiosas, y hay numerosos informes de tortura y desapariciones forzadas.

Al Nashif especificó que la situación es especialmente grave para las comunidades indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde persisten la violencia y la agresión sexual por parte de los colonos.

La alta comisionada adjunta explicó que las reformas implementadas contienen muchas disposiciones que permiten la interferencia legislativa, judicial y electoral; y dio cuenta también de puntos ambiguos limitan las garantías fundamentales “incluida la libertad de expresión y la asamblea pacífica”.

“También se ha omitido el reconocimiento de la prohibición de la tortura, lo cual es especialmente grave”, subrayó.

No a los cambios constitucionales

Muchos de estos cambios fortalecen los poderes del gobierno frente a la ciudadanía y los individuos, a muchos de los cuales les han confiscado sus activos.

En este contexto, instó a rechazar los cambios constitucionales, y pidió la liberación inmediata de los detenidos y el fin de las desapariciones forzadas y la tortura.

La Oficina de Derechos Humanos también abogó por el restablecimiento de las instituciones democráticas y el diálogo en beneficio de los nicaragüenses, y llamó a la comunidad internacional a intensificar el apoyo a estos esfuerzos.