Esta catástrofe ha sido «provocada por el hombre» y está impulsada por un conflicto incesante, que ha desmantelado los sistemas alimentarios y las infraestructuras críticas, dejando a millones de personas en peligro inminente, según funcionarios de la ONU, que señalan que la interrupción de la producción de alimentos y el colapso de las condiciones del mercado han agravado la crisis.

Entre los desaparecidos hay mujeres y niños. La agencia para la infancia pide a los gobiernos que garanticen vías seguras y legales para la protección y la reunificación familiar, así como operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, y acceso a los servicios de asilo.

Miles de personas han debido abandonar sus hogares en busca de seguridad, en una huida en la pierden sus medios de vida, corren grandes riesgos y caen en una dependencia de la ayuda humanitaria. Los disturbios se agudizaron a partir del 23 de diciembre, cuando se anunciaron los resultados de los comicios generales del 9 de octubre.

Cinco áreas del país enfrentan ya una hambruna. El conflicto entre el Ejército y un grupo paramilitar ha creado la crisis de desplazamiento más grande del mundo. El Secretario General pide a las partes facilitar un acceso rápido, sin trabas y sostenido de la ayuda humanitaria.

En la última década, el crecimiento promedio anual se sitúa en apenas el 1%, según un informe de la comisión económica de la ONU para la región, que proyecta una inflación del 3,4% para 2024 y una tasa de aumento del empleo del 1.7%, la más baja desde la pandemia de COVID-19.

El incremento se produce tras un esfuerzo a gran escala de esa agencia de la ONU para abordar la creciente crisis humanitaria causada por el conflicto que vive el país desde abril de 2023.

El fondo para la infancia advierte que miles de viviendas han sido destruidas en Cabo Delgado, una provincia sumida en un conflicto desde hace siete años. La agencia teme la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y los desplazamientos a gran escala.

«Atacar a civiles, bienes de carácter civil e infraestructuras públicas está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. Es inaceptable y debe cesar inmediatamente», destaca una alta funcionaria de la organización.

De julio a la fecha se han notificado más de 18.000 casos y 550 muertes en diez estados sudaneses, además de que se reportan brotes de otros padecimientos. La agencia para la niñez solicita recursos para prevenir la hambruna y los brotes de enfermedades en los próximos seis meses.