Sistema de justicia interna de las Naciones Unidas

EL SISTEMA

Los funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, con independencia del lugar donde se desempeñen, están obligados por el Estatuto y Reglamento del Personal y las publicaciones administrativas, y deben también cumplir las leyes locales del país en el que trabajan. Al mismo tiempo, los funcionarios de las Naciones Unidas no pueden dirimir las controversias en el lugar de trabajo en los tribunales y autoridades locales, debido a las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas en relación con la legislación de los Estados Miembros. El estatuto especial de las Naciones Unidas impone a la Organización el deber de proporcionar a su propio personal un sistema de justicia interna justo e imparcial que pueda resolver eficazmente las controversias derivadas de las condiciones de servicio de los funcionarios.

El sistema interno de administración de justicia de las Naciones Unidas es un medio para que el personal de la Organización trate de resolver las controversias de manera informal y, cuando las modalidades informales no prosperen, resuelva esas controversias de manera formal por medio del proceso de evaluación interna, el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas.

El actual sistema de justicia interna fue aprobado por la Asamblea General y entró en vigor el 1 de julio de 2009. El objetivo en ese momento era instituir un sistema descentralizado y dotado de suficientes recursos que fuera independiente, transparente y profesional, y cuyos métodos de trabajo fueran compatibles con el derecho internacional y los principios del estado de derecho y las garantías procesales.

Al establecer el sistema, la Asamblea General destacó la necesidad de tratar de recurrir a la resolución informal de las controversias de carácter laboral.

Cuando los medios de resolución informal no conducen a un resultado satisfactorio para el funcionario, este puede acogerse a la opción de iniciar entonces un proceso formal. Si el funcionario elige acogerse al proceso formal, debe tener la certeza de que el sistema de justicia interna de las Naciones Unidas será accesible y de que magistrados profesionales e independientes conocerán de su causa, de que la sentencia será justa y de que podrá valerse de asesoramiento jurídico profesional.

Para obtener más información ver Guía del personal para resolver controversias